Sao Paulo. El equipo de transición del presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió a la actual administración que detenga las ventas de activos de la petrolera estatal Petrobras hasta que se designe un nuevo ministro de Minas y Energía, informó ayer un miembro del grupo.

El profesor Mauricio Tolmasquim, designado la semana pasada para participar en el grupo de minería y energía del proceso de transición, hizo las declaraciones tras una reunión en Brasilia.

Un segundo miembro del equipo, el senador Jean Paul Prates, indicó que se espera que Lula decida quién será el próximo presidente de Petrobras a principios de diciembre.

Prates, quien fue importante asesor de política energética durante la campaña electoral de Lula, es considerado uno de los posibles candidatos para el puesto de presidente ejecutivo del gigante petrolero.

Sin embargo, su nombramiento en Petrobras podría enfrentar obstáculos regulatorios, ya que Prates se presentó como candidato a la alcaldía de la ciudad de Natal en 2020, lo que le impediría ocupar el cargo según la legislación brasileña.

Lula tomará posesión del cargo de presidente el 1º de enero.

Prates añadió que el equipo de transición se reunirá con la dirección de la empresa para pedir la suspensión de los procesos estratégicos en curso, como la venta de su participación de 51 por ciento en Transportadora Brasileira Gasoduto Bolivia-Brasil (TBG), que opera una conexión de gas natural que conecta Bolivia y el sur de Brasil.

Las decisiones relacionadas con TBG tocan incluso la política exterior del país, porque involucran a Bolivia y la política gasífera de Argentina. Todo el esquema de gasoductos que se está formando en el cono sur, y hay que tener calma para decidir sobre esto, expresó.

En tanto, el general Carlos Alberto Santos Cruz, ex comandante de misiones de la Organización de Naciones Unidas en Haití y el Congo, negó que el gobierno que encabezará Lula deba temer a los militares.

El veterano militar, ministro de la Secretaría de Gobierno de la presidencia de Bolsonaro de enero a junio de 2019, aseguró que apuesta por una relación armoniosa entre el líder del Partido de los Trabajadores y los militares, pese a los llamados a un levantamiento salidos de sectores que niegan el triunfo electoral de Lula.

Por lo pronto, más de tres semanas después de que perdió la elección, Bolsonaro atribuyó su derrota a un error de software y exigió a la autoridad electoral que anule los votos emitidos en la mayoría de las máquinas de votación electrónica del país, aunque expertos independientes aseguran que dicho error no afecta la fiabilidad de los resultados.

Tal acción dejaría a Bolsonaro con 51 por ciento de votos válidos restantes, y con la relección, explicó a la prensa Marcelo de Bessa, el abogado que presentó la solicitud de 33 páginas a nombre del presidente y del Partido Liberal, al cual pertenece el mandatario.

De inmediato, el titular de la autoridad electoral, Alexandre de Moraes, emitió un fallo que planteaba implícitamente la posibilidad de que el propio partido del mandatario no saliera bien librado de su impugnación.

De Moraes dijo que el tribunal no consideraría la denuncia a menos que el partido ofreciera un nuevo informe en un plazo de 24 horas que incluyera los resultados de la primera ronda electoral del 2 de octubre, en la que el Partido Liberal obtuvo más escaños en ambas cámaras del Congreso que cualquier otra fuerza política.