Contra réplica

Ciudad de México a 7 de noviembre del 2022

En relación con la réplica de Compañía Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines, desde la Colectiva Cambiémosla Ya manifestamos lo siguiente:

El artículo denominado “Así impacta la ley minera a las comunidades de Valles Centrales de Oaxaca” expone las desigualdades entre industrias extractivas y comunidades titulares de derechos, dichas desigualdades han sido promovidas por la Ley Minera, vigente en México desde hace 30 años.

El artículo menciona la situación que acontece en la región de Valles Centrales y la responsabilidad del Estado mexicano y las leyes aplicables en dicho conflicto, ya que hay una ausencia de políticas públicas o modificaciones jurídicas en los marcos legales para que los derechos de comunidades indígenas sean respetados en casos de proyectos de inversión. La imposición de este proyecto ejemplifica la violación del derecho a la libre determinación de pueblos y comunidades indígenas, otorgando concesiones sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada para obtener el consentimiento que de ninguna manera puede ser sustituida o equiparable, con la información publicada por la empresa en su página web, redes sociales y bolsa de valores. Sostenemos que la violación sistemática de los derechos colectivos continúa en Valles Centrales.

Desde la instalación del proyecto minero “San José”, en 2009, diversas organizaciones han documentado el asesinato de defensores de derechos humanos y autoridades municipales en San José del Progreso, lo mismo que la presencia de grupos armados, la contaminación de cuerpos de agua por el derrame del depósito de jales secos en Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa y San Pedro Apóstol, que dejó a estas comunidades sin acceso al agua potable durante más de seis meses; además de innumerables irregularidades en diferentes obras construidas por la empresa. Mención destacada merece la Manifestación de Impacto Ambiental original, admitida por la SEMARNAT en 2009.

Por su parte, autoridades municipales y agrarias de la región (14 comunidades de Ocotlán, Ejutla y Zimatlán) se han organizado para exigir el respeto de sus derechos fundamentales; a través de sus asambleas han emitido declaratorias que prohíben cualquier proyecto minero en sus territorios. Tenemos conocimiento de que las actas correspondientes han sido entregadas a la SEMARNAT para que se incorporen en la evaluación de impacto ambiental, en el proceso de dictaminación de las autorizaciones ambientales pertinentes.

El trabajo de investigación y difusión de las organizaciones de la sociedad civil es fundamental, para autoridades y comunidades, ya que permite la toma de decisiones responsable, informada, con conocimiento de causa, es por eso que respaldamos el trabajo de las organizaciones civiles en Oaxaca, entre las que se encuentra EDUCA, organización que ha acompañado por más de 25 años, los esfuerzos de comunidades para la garantía y respeto de sus derechos humanos.

El acceso a la información pública es un derecho básico de la ciudadanía, vital para la toma de decisiones en proyectos de inversión a gran escala. El artículo publicado se limita a difundir información cuyos elementos probatorios pueden encontrarse en el “Informe sobre Violación de Derechos Humanos en Comunidades de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula, Oaxaca”. Es responsabilidad del Estado mexicano garantizar la libre expresión y los derechos de pueblos y comunidades indígenas en el país.

Atentamente Colectiva Cambiémosla Ya•