Sábado 19 de noviembre de 2022, p. 27
La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo ha presentado 80 denuncias por inspecciones a centros laborales sin orden de visita, las cuales tenían la finalidad de extorsionar a los empleadores.
Ante legisladores del Congreso capitalino, el titular de la dependencia, José Luis Rodríguez Díaz de León, explicó que para evitar actos de corrupción dispuso publicar en la página de Internet de la dependencia la imagen y folio del personal que realiza esas funciones, así como las órdenes de supervisión.
Esta información se podrá consultar por los empleadores y, si no aparece, pidió que no se permita realizar la inspección y se denuncie ante la Fiscalía General de Justicia para que nos ayude a desmantelar estas organizaciones que pretenden sorprender a los empleadores
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En su comparecencia con motivo de la glosa por el Informe de gobierno, el funcionario refrendó que la Ciudad de México es la principal entidad generadora de empleos en el país tras los efectos de la pandemia, con 114 mil 470 nuevas fuentes de trabajo, para un total de 3 millones 427 mil 62 de puestos formales, y refirió que alrededor de 16.5 por ciento son producto de las acciones de colocación que realiza la secretaría.
Además, destacó que la entidad es la principal generadora de empresas cooperativas, al citar que en 2021 se crearon 213 y se fortalecieron 505 que ya estaban constituidas; en este año se han creado 951 nuevas sociedades y se apoyó a 491 con una inversión de 140 millones de pesos en beneficio de 7 mil 210 cooperativistas. Agradeció a los legisladores que al otorgar a las alcaldías la facultad de suscribir las actas constitutivas de las sociedades cooperativas se permitiera un ahorro de más de 12 millones de pesos en gastos notariales.
Díaz de León llamó a los legisladores a expedir la ley en materia de trabajo no asalariado, en el que sugirió considerar la inclusión de otros oficios, como el de los sonideros, que son parte de la identidad cultural de la ciudad, e incluso el trabajo sexual, al recordar que existe un amparo que obliga a la dependencia a emitir credenciales a personas que realizan esa actividad.