urante un acto en la Meseta Purépecha, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se comprometió con los habitantes de esa región indígena a reabrir las investigaciones en torno al asalto contra la comunidad de Arantepacua perpetrado el 5 de abril de 2017 por elementos de las policías estatal y ministerial del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo.

Aquel día, un grupo de pobladores de esa localidad del municipio de Nahuatzen intentó desplazarse a Morelia para realizar una manifestación con respecto al centenario conflicto de tierras que mantiene con la vecina Capácuaro. Cuando la policía les cerró el paso, volvieron a su localidad, donde bloquearon la carretera que va de la capital michoacana a Uruapan y retuvieron camiones de pasajeros.

El gobierno estatal perredista respondió con el envío de alrededor de 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia, quienes irrumpieron en la población, allanaron domicilios indiscriminadamente y efectuaron detenciones arbitrarias. En el operativo fueron asesinados cuatro habitantes de Nahuatzen, 15 más recibieron heridas y alrededor de 10 fueron privados de su libertad.

Aunque se intentó hacer pasar la agresión como un enfrentamiento a raíz de una supuesta emboscada contra los elementos de la fuerza pública, se encuentra probado que los habitantes estaban desarmados y fueron víctimas de una embestida de las corporaciones mencionadas. A lo largo de cuatro años y medio el gobierno de Aureoles no sólo impidió cualquier investigación real de los sucesos que costaron la vida a cuatro personas, sino que se ensañó al judicializar a los sobrevivientes. Por si no fuera suficiente, en febrero de 2019 hizo nombrar como fiscal general por un periodo de nueve años a Adrián López Solís, quien fungía como secretario de Gobierno en el momento de la agresión.

En mayo de 2021 la Fiscalía General de la República (FGR) accedió a revisar la posibilidad de atraer el caso, pero en marzo de este año rechazó ejercer su facultad de atracción argumentando que el asunto no tiene trascendencia política ni social suficiente para intervenir y la falta de resultados se debe a que la propia comunidad no ha permitido a las autoridades locales realizar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. La palabra empeñada ayer por el secretario de Gobernación debería llevar a que se impulse un cambio de actitud por parte de la FGR, pues la gravedad de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la Meseta Purépecha no permite duda alguna acerca de la trascendencia del caso.

Es imprescindible avanzar en la justicia como derecho elemental de las víctimas de esta atrocidad, pero también por los paralelismos entre lo ocurrido en Arantepacua y la masacre que tuvo lugar dos meses después en Asunción Nochixtlán, Oaxaca. Ahí, el ex gobernador de Movimiento Ciudadano Gabino Cué Monteagudo envió a agentes estatales y solicitó la presencia de la Policía Federal (entonces encabezada por Enrique Francisco Galindo Ceballos y adscrita a la Segob dirigida por el hoy senador Miguel Ángel Osorio Chong) para asaltar la comunidad que realizaba un cierre carretero en solidaridad con el magisterio democrático en pie de lucha contra la reforma educativa impuesta por los partidos que hoy integran la alianza Va por México.

Como en Michoacán, los uniformados em-plearon sus armas de fuego contra los ciudadanos y provocaron ocho muertes que siguen impunes –en su mayoría– hasta hoy, pues pese a la detención de varios de los responsables ya durante el gobierno federal actual, los altos mandos nunca han respondido por ordenar esas acciones criminales. Tanto en Arantepacua como en Nochixtlán es urgente poner fin a la impunidad como único medio para garantizar la no repetición de este tipo de abusos.