n el transcurso de apenas cinco días, tres casos de violencia machista suscitados en el centro del país se colocaron en la atención pública y levantaron una ola de indignación al evidenciar los peligros en que se encuentran expuestas las mujeres al realizar las actividades más cotidianas, desde salir con amigos hasta abordar un vehículo de transporte público o dirigirse a su trabajo.

La noche del 30 de octubre, Ariadna Fernanda López Díaz fue asesinada en un departamento de la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc, y su cuerpo fue encontrado la mañana siguiente a la entrada de Tepoztlán, tirado al lado de la autopista. Un día después, el 1º de noviembre, Lidia Gabriela Gómez murió al saltar de un taxi en movimiento para evitar ser secuestrada en la alcaldía Iztapalapa. Dos días después, Mónica Citlalli Díaz Reséndiz desapareció tras salir de su casa en San Salvador Atenco, estado de México, rumbo a su trabajo en el municipio de Ecatepec, y el miércoles pasado se confirmó que fue víctima de feminicidio, cuando se encontró su cuerpo en la autopista México-Cuernavaca, a la altura de la localidad de Parres.

Al contrario de lo que ocurre con una amplia mayoría de los 10 asesinatos de mujeres que tienen lugar cada día en nuestro país, en estos tres casos se ha logrado el rápido arresto de los presuntos responsables y ya se dieron dos vinculaciones a proceso, la de la supuesta coautora material del feminicidio de Ariadna Fernanda y la del taxista que habría intentado abducir a Lidia Gabriela. Hoy debe efectuarse la audiencia del principal sospechoso en el asesinato de Ariadna, el empresario Rautel N, y se espera que también se le vincule y se le dicte prisión preventiva mientras concluyen las indagatorias.

Sin duda, es positivo que las autoridades hayan actuado con celeridad para aprehender a las personas señaladas por estos crímenes, pues ello envía un saludable mensaje contra la impunidad y la normalización de las agresiones que las mujeres padecen con exasperante frecuencia. Sin embargo, la justicia no debería requerir que un caso adquiera notoriedad mediática y social para poner en marcha sus mecanismos. Tampoco puede perderse de vista la persistencia de conductas deplorables como la desplegada por el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, quien aseguró a la prensa y la ciudadanía que la causa de muerte de Ariadna Fernanda fue una grave intoxicación alcohólica con la consecuente broncoaspiración, y que no se hallaron huellas de violencia en su cadáver, falacias descartadas por una segunda necropsia y que podrían ser parte de un intento de encubrimiento.

Lo cierto es que el Estado debe tomar todas las medidas legales a su alcance para erradicar el feminicidio en tanto expresión más extrema del odio misógino, así como asegurarse de que cuando éste llegue a ocurrir haya una tasa cero de impunidad para los perpetradores. Cabe desear, y exigir, que los lamentables crímenes contra Ariadna Fernanda, Lidia Gabriela y Mónica Citlalli signifiquen el impostergable punto de inflexión en este sentido.