l fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, es una de las herencias más nefastas que el ex gobernador perredista Graco Ramírez Garrido Abreu dejó a la entidad. Pertenece a la primera generación de fiscales que sustituyeron a los procuradores estatales resultado de las reformas que supuestamente buscaban la autonomía de las fiscalías frente al poder político, pero han probado ser parte de una estrategia de impunidad transexenal de mandatarios salientes deseosos de cubrirse las espaldas ante cambios en la correlación de fuerzas partidistas, como es el caso del ya destituido y encarcelado Jorge Winckler, impuesto en la fiscalía de Veracruz por el ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares en 2016.
Designado por el Congreso local en 2018, a meses de que concluyera el sexenio de Ramírez Garrido, Carmona recibió un mandato de nueve años, de los que han transcurrido casi la mitad sin ningún beneficio tangible para la sociedad morelense. Por el contrario, a su gestión la han marcado el desprecio por la justicia, la protección del grupo político que lo instaló en el cargo y el desinterés por la gravísima descomposición que enfrenta la entidad en materia de seguridad pública.
Ayer, familiares de una de las decenas de víctimas lo denunciaron por encubrir a servidores públicos involucrados en el caso de las fosas clandestinas de Tetelcingo, donde al menos hasta 2014 la procuraduría general de Morelos arrojó casi 120 cadáveres, en algunos casos sin haber realizado las diligencias debidas para identificarlos, y en otros en evidente comisión de desaparición forzada, pues los cuerpos fueron inhumados sin notificar a las familias pese a conocerse su identidad. A lo largo de todos estos años, Carmona no sólo no ha presentado avances sustanciales en las indagatorias, sino que ha mantenido en la fiscalía a funcionarios con presunta responsabilidad en estos delitos.
Además, se le ha señalado en reiteradas ocasiones por su inacción en el esclarecimiento del asesinato de Samir Flores Soberanes, comunicador y activista perteneciente al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, perpetrado el 20 de febrero de 2019. Integrantes de este colectivo han sostenido que Carmona conoce la identidad de los homicidas –convicción compartida por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo– y desde el año pasado denuncian la desaparición de evidencias claves.
Por si no fuera suficiente con semejante ineptitud profesional, Carmona también se ha visto envuelto en escándalos de abuso de poder. En agosto de 2021, sus escoltas detuvieron, golpearon y desnudaron a dos jóvenes que circulaban por la autopista Acapulco-México, cuya única falta fue intentar rebasar al convoy de autos blindados en que se desplazaba el fiscal. Antes, había revictimizado a ocho personas que fueron asesinadas en la colonia Antonio Barona, en Cuernavaca, al afirmar que su muerte se produjo en un contexto de ajuste de cuentas, cuando eran estudiantes sin relación con la delincuencia. Esta misma insensibilidad e imprudencia declarativa salió a relucir la semana pasada, cuando descartó en conferencia de prensa que la joven Ariadna Fernanda López Díaz hubiera sido víctima de feminicidio. Según Carmona, Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue localizado el 31 de octubre a las afueras de Tepoztlán, murió debido a una grave intoxicación alcohólica y la consecuente broncoaspiración
, y no se hallaron huellas de violencia
en el cadáver.
A petición de la familia de la víctima, la Fis-calía General de Justicia de la Ciudad de México efectuó una segunda necropsia, en la cual se determinó que fue asesinada mediante traumatismo múltiple, y videos obtenidos por el organismo a cargo de Ernestina Godoy han llevado al arresto de una presunta coautora material (otro se entregó ayer a las autoridades).
De acuerdo con la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, el intento de presentar la muerte de Ariadna Fernanda como un simple incidente fue motivado por la relación personal del presunto feminicida con Carmona. Este punto necesita ser probado, pero de lo que no hay ninguna duda es de que el cuestionado fiscal condujo (él mismo aseguró haber atendido en forma personal la autopsia) unas diligencias periciales que no son sino un montaje con el cual se encubre un crimen y se revictimiza a la joven.
Tras este episodio, es incuestionable la urgencia de iniciar un proceso penal contra Uriel Carmona, cuya conducta no puede calificarse sino como flagrante obstrucción de la justicia y repetido encubrimiento de delincuentes.
