La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) dirigió la Recomendación 10/2022 a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) por su omisión al garantizar el interés superior de la niñez y el derecho de acceso a la justicia de niñas y niños que han sido víctimas de violencias, en un caso que involucra a las dos hijas del ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia Manuel Cavazos López, acusado de abuso sexual.

La presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez, destacó que los tres casos de la recomendación, que incluyen a cinco víctimas, dan cuenta de la omisión en el cumplimiento de las obligaciones del Estado al no contar con apoyos institucionales adecuados y suficientes para que las autoridades investigaran.

La omisión de realizar diligencias adicionales para acreditar los hechos denunciados en el caso de las dos menores –abuso sexual– provocó tan sólo seis días después el no ejercicio de la acción contra el imputado, su padre, afirmó la cuarta visitadora María Luisa García.

Se afirmó la falta de elementos para vincular a proceso al imputado, con lo que desacreditó y minimizó el testimonio de las víctimas, en conjunto con la calidad probatoria que obraba en la indagatoria, señaló.

Hubo una negativa a la aplicación de medidas de protección con el argumento de que el padre goza de la patria protestad y a atender la recomendación de la sicóloga del centro de terapia de apoyo a víctimas de la propia fiscalía de suspender las convivencias de las niñas con su padre.

Así que, entre los puntos recomendatorios dirigidos a la fiscalía está el realizar acciones para que las cinco víctimas ejerzan su derecho a la verdad y a la justicia, a fin de que los delitos cometidos en su contra no queden impunes, se lleven a cabo las acciones necesarias para que sean inscritas en el Registro de Víctimas, y se coadyuve en la determinación del plan de reparación integral.

La Fiscalía de Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos, por su parte, debe iniciar las indagatorias por las irregularidades en que incurrieron los servidores públicos contra las víctimas, y recomendó que la FGJ entregue una carta institucional de disculpa a cada una de ellas.