Minería, violencia y migración
El territorio debe ser entendido como un espacio tanto físico como imaginario, natural y cultural, en el que se mantiene y se encuentra el modo de subsistencia, se reproducen los saberes y se reconstruye activamente la vida interna de cada pueblo. El agua, el bosque, la agricultura, el paisaje, los sitios sagrados, o la vivienda, son algunos de los elementos que configuran al territorio. De su continuidad e integridad depende el desarrollo de la vida comunitaria, pues cuando el territorio se deteriora, se fractura o se violenta, como ocurre ante la presencia de una mina de gran escala, se rompe también con el tejido social. Cuando se trata de la extracción de minerales, ninguno de los elementos que configuran al territorio está presente en las leyes mineras de México: el territorio en su totalidad es sujeto de ser concesionado a la minería a quien así lo solicite, con preferencia legal para desarrollar esta actividad por sobre cualquier otra que estuviera ocurriendo previamente en la superficie (con excepción de la generación y distribución de energía eléctrica, y la extracción de hidrocarburos).
El hallazgo de recursos estratégicos valiosos para los mercados internacionales (minerales, hidrocarburos o potencial energético renovable) en los territorios de una comunidad, por lo general trastoca la configuración social y natural de la región. Tras el descubrimiento de estos recursos y el interés de alguna empresa extractiva por explotarlos, se genera gran presión sobre los pobladores por la especulación sobre el control de la tierra y el acaparamiento de las fuentes de agua disponibles. La autodeterminación de los pueblos se ve relegada y denigrada, y tras ello se generan conflictos sociales y se desatan actos de violencia que van desde robos e intimidación, hasta extorsiones, agresiones y homicidios. Una de las consecuencias -intencionales o fortuitas- de esta violencia en las regiones con recursos estratégicos, es la migración por violencia e inseguridad o desplazamiento interno forzado.
Entre 2015 y 2020, la violencia y la inseguridad fue la causa de que 251 mil personas en México en condiciones de extrema vulnerabilidad dejaran su lugar de residencia y se vieran forzadas a buscar otro municipio o entidad para habitar, según los datos del Censo de Población y Vivienda del Inegi. Si bien el desplazamiento interno forzado es multifactorial, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) identifica como sus principales causas las diversas violencias derivadas de conflictos armados, la violencia generalizada, la delincuencia organizada, las disputas territoriales y la ejecución de proyectos de desarrollo que han ocasionado la violación de derechos humanos.
De acuerdo con un estudio realizado por académicas del Instituto de Geografía de la UNAM y la organización civil CartoCrítica (Muñoz, K., Llano, M., & Ruiz, N. (2022). Desplazamiento interno forzado en México por violencia e inseguridad en regiones mineras. Investigaciones Geográficas. https://doi.org/10.14350/rig.60569), la relación entre el desplazamiento interno forzado y las actividades mineras de gran escala es tan marcada, que aquellos municipios con conflictos sociales por la actividad minera registran una tasa de más del doble de migración causada por violencia e inseguridad, en comparación con territorios libres de concesiones mineras. Los datos del Censo no refieren qué delitos ocurrieron en el municipio para provocar esta migración forzada, por lo que, para identificarlos, así como su relación con la minería, el estudio en cuestión correlacionó los datos de migración, la intensidad de la actividad minera, y los datos de incidencia delictiva de cada municipio.
Los resultados son contundentes: existe una clara tendencia de aumento de la migración por violencia e inseguridad conforme la actividad minera se profundiza. A nivel nacional, la tasa más baja de migración por inseguridad y violencia está en los territorios con potencial minero pero libres de concesiones y proyectos, con una tasa de 61 personas migrantes por cada 100 mil habitantes. Conforme la actividad minera avanza, la tasa va aumentando: 103 personas en regiones concesionadas, 122 personas en regiones con proyectos mineros, y 131 personas migrantes por inseguridad en regiones con conflictos mineros.
Los municipios libres de minería son por lo regular territorios con valles y planicies, que concentran a la población urbana, y que por su geología tienen muy bajo o nulo potencial minero.
Los casos más extremos de migración por inseguridad y violencia en regiones con alta actividad minera son Guerrero, Michoacán y Sinaloa. El caso de Guerrero es el más dramático: mientras que los municipios con potencial minero (pero libres de actividad minera) tienen una tasa de 174 personas migrantes por inseguridad y violencia, los municipios con proyectos mineros tienen la tasa más alta de todo el país: 728 personas por cada 100 mil. Los municipios en donde existen conflictos mineros en Michoacán son el segundo promedio nacional más alto de migración por inseguridad y violencia presumiblemente ligado a la minería, con una tasa de 613 personas. Sinaloa tiene una tasa promedio de 429 personas migrantes por inseguridad y violencia en los municipios con conflictos mineros, cifra diez veces más alta que el promedio de los municipios sin minería en la entidad, con 42. Los casos de Chihuahua y el Estado de México son prácticamente idénticos, con una tasa de 340 y 342 personas migrantes por inseguridad en municipios con conflictos mineros, frente a una tasa de apenas 37 en municipios libres de minería. Estos datos se pueden ver en el mapa bivariado, que en color marrón, señala aquellos municipios que tienen una alta actividad minera y una alta migración por violencia e inseguridad.
Para identificar qué delitos pueden explicar el clima de violencia e inseguridad causante de la migración forzada en cada región minera, el estudio en cuestión analizó estadísticamente la tasa de migración por violencia e inseguridad en correlación con la incidencia delictiva de la región (con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública) para el norte, el centro y el sur del país.
El centro y norte del país presentan resultados similares, pues son pocos los delitos estadísticamente significativos para explicar el desplazamiento interno forzado en regiones con alta actividad minera, estos son el homicidio doloso y el feminicidio. La incidencia del narcomenudo es también de significancia para el centro, mientras que el robo de vehículo con violencia lo hace para el norte. El sur, por su parte, presenta un repertorio delictivo mucho más amplio que está fuertemente correlacionado con las regiones de alta actividad minera, ordenados con base en su poder predictivo, se relacionan el robo a casa habitación, las lesiones dolosas, el narcomenudeo, el secuestro, el homicidio doloso, el robo de vehículo, el robo de negocio, la extorsión y la violación.
La incidencia delictiva causante del desplazamiento interno forzado es diversa, sin embargo, el homicidio doloso está fuertemente relacionado con el desplazamiento forzado en las regiones con alta actividad minera. El control territorial es primordial para la minería, aunque a la postre, derivado de sus actividades, lo fractura y lo deteriora. La fractura del territorio es la fractura del tejido social en las comunidades, y las consecuencias están a la vista. •
MAPA CON TASA DE MIGRANTES POR VIOLENCIA E INSEGURIDAD POR REGIÓN MINERAFuente: Muñoz, K., Llano, M., & Ruiz, N. (2022).