El limitado aporte de la minería al fisco: tan solo migajas

La industria minera puede llegar a alcanzar la astronómica cifra de casi 2 billones de dólares en valor de mercado mundial para este año, debido a la insaciable demanda de minerales de los sectores tecnológicos y la supuesta transición energética internacional. Tal poder económico se encuentra por encima del Producto Interno Bruto (PIB) de casi cualquier país, pero no se refleja en bienestar para las comunidades, ni para las personas que viven cerca de estos proyectos, así como tampoco para quienes laboran en los mismos.

Un ejemplo de ello es México, donde la actividad minera está lejos de hacer un aporte económico significativo; más bien, lo contrario. La Ley Minera considera a esta actividad de utilidad pública, por lo que recibe una buena cantidad de privilegios y una mínima regulación; entre los que destaca la preferencia para obtener concesiones del territorio y el agua por encima de otras actividades productivas, exceptuando la extracción de hidrocarburos y la generación eléctrica, lo anterior a pesar de sus múltiples impactos ambientales e hídricos, que han sido denunciados desde hace varios años por especialistas e instituciones públicas y privadas que analizan esta industria.

El saqueo y despojo legalizado que ocasiona la minería en el país es revelador, las cifras y los hechos así lo demuestran. Los datos de los Informes sobre Situación económica, las finanzas y la deuda pública emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señalan que la minería contribuye con aportes muy escasos a las finanzas públicas, en contraste con las ganancias y los altos valores de producción de esta actividad económica.

Por ejemplo, para el año 2019, los ingresos que el Estado Mexicano obtuvo de este sector por minerales metálicos y no metálicos representaron 0.13% de la recaudación total del gobierno federal por actividad económica; para 2020 la minería aportó 0.32%; para 2021 0.97% y, durante el primer trimestre de 2022 aportó el 2.26% (Véase tabla 1).

En el mismo sentido, el informe “Evasión en el sector de minería”, elaborado por la Universidad de Coahuila, menciona que la participación de la minería de minerales metálicos y no metálicos durante el periodo 2015 al 2020, fue del 0.3% del total nacional.

En materia de impuestos, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) generado por la minería de minerales metálicos y no metálicos en nuestro país representó en 2019, 1.41% del total de los ingresos recaudados por ese concepto; para 2020 el sector aportó 1.37%; para 2021 2.86% y, para el primer trimestre de 2022 el 2.95%. (Véase tabla 2).

Por su parte, la Cámara Minera Mexicana (CAMIMEX) afirma que en 2021 las aportaciones fiscales de la minería al componente del ISR del sector extractivo: gas, petróleo y minería, representaron 83.1% del total. No obstante, las cifras reflejan que sus contribuciones son de 13.5% del total del sector extractivo y el restante proviene de los ingresos por extracción de petróleo y gas. Es necesario aclarar que la extracción de petróleo y gas es la principal actividad del sector minero por la que se contribuye a la recaudación fiscal, siendo Petróleos Mexicanos (PEMEX) el más importante proveedor de estos recursos y no las empresas mineras privadas.

Con respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), el impuesto aportado por la minería de minerales metálicos y no metálicos fue negativo en varios años, siendo de -2.74% en 2019; -1.70% en 2020; -0.93% en 2021 y -1.86% en el primer trimestre de 2022. Es decir que este impuesto siempre ha representado erogaciones para el Estado. Adicionalmente, en el año 2019, el Informe de la cuenta pública de la SHCP no reporta ingresos tributarios por parte del sector minero, contrario a ello, reporta una erogación de -1,121.1 millones de pesos. Es alarmante que, en todos los años, de 2019 a 2022, el pago de IVA proveniente del sector minero ha representado una erogación, lo que implica un desembolso para el Estado.

Las mineras abogan por la supresión de las regalías argumentando que los impuestos se dejan a través del IVA y otros tributos que han de pagar los empleados. En 2011, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que “los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras contenidos en la normativa federal son mínimos y de fácil cumplimiento, por lo que no se encuentra garantizado el correcto uso y aprovechamiento de los recursos naturales, ni que se proporcione un beneficio a la Nación” (Witker, 2021). No obstante, aunque ha habido cambios a la normativa fiscal, ésta continúa siendo insuficiente para representar un verdadero aporte a las finanzas públicas del país.

En cuanto al régimen fiscal general, la minería también debe contribuir con otros pagos, entre los cuales destacan: derecho sobre minería, derecho adicional, especial y extraordinario. El derecho sobre minería se calcula aplicando una cuota por cada hectárea o fracción concesionada o asignada a las empresas o personas físicas. Durante el primer y segundo año de vigencia los titulares de concesiones mineras deben pagar apenas $8.04, durante el tercero y cuarto año de vigencia $12.02 y así sucesivamente hasta que a partir del décimo primer año de vigencia se paguen $175.90 por hectárea.

Los derechos especial, adicional y extraordinario se aplican a titulares de concesiones mineras conforme a la Ley Federal de Derechos (LFD) y con ellos integraron el fondo minero, destinado en mayor medida al presupuesto federal en materia de educación. No obstante, tampoco se han recaudado cuantiosas aportaciones; a manera de comparación, la recaudación por derechos a la minería representó 23.43% de la recaudación total del gobierno por concepto de derechos durante el año 2021.

Vale la pena mencionar que el fondo minero, ahora desaparecido, recaudó hasta el año 2020 poco más de 20 mil millones de pesos que destacan por la opacidad en su uso y aplicación. De acuerdo con los lineamientos de operación de este fondo, las entidades que hubieran generado mayor valor de producción minero (en este caso Sonora y Zacatecas), obtendrían una mayor proporción de recursos, los cuales durante el periodo mencionado fueron de casi 50% de este dinero. Este ingreso no se reflejó en el monto de inversión pública de estas entidades, pues en Sonora disminuyó y para Zacatecas representó un mínimo incremento.

La situación de pobreza en las comunidades mineras de estas entidades no solamente no mejoró de forma sustancial, sino que en algunos casos se mantuvo o empeoró. Con esto no se quiere decir que este tipo de programas no sean útiles, sino que es fundamental dotar de un mejor y mayor nivel de vigilancia a los procesos mediante los cuales se utilizan estos recursos económicos, especialmente si el objetivo de los mismos es beneficiar a la población o a las finanzas del Estado.

A pesar de que se han propuesto reformas hacendarias, las mismas han encontrado obstáculos frente al poderoso lobby minero, y más aún ante las Cámaras mineras. Por ejemplo, a finales de diciembre de 2016, el Congreso de Zacatecas aprobó una reforma hacendaria para incorporar nuevos gravámenes, entre los cuales destacan los impuestos ecológicos, pero, como era de esperarse, las empresas mineras se negaron a pagar pese a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitida en 2019, la cual señala que el gobierno de Zacatecas puede cobrar un impuesto ecológico por cuatro conceptos: remediación ambiental, emisión de gases a la atmósfera, contaminantes en el suelo y subsuelo, además del almacenamiento de residuos. Esto debería realizarse de manera retroactiva a partir de 2017.

Pese a la resolución de la SCJN, se dieron casos en que las empresas mineras ofrecieron pagar al gobierno del estado mil millones de pesos, a cambio de “borrón y cuenta nueva” para que a partir del 2021 ya no existiera ese impuesto (Zacatecas: mineras se niegan a pagar impuesto ecológico. https://www.jornada.com.mx/2020/12/08/estados/028n2est). Son las empresas de magnates mexicanos que participan en la industria minera (Alberto Bailleres, Germán Larrea y Carlos Slim) las que se oponen al pago de ese impuesto en el estado.

Mina Carlos III, Compañía Minera del Norte, Unidad Micare. Nava, Coahuila. Arturo López Ramírez

El gobierno mexicano actual tiene la posibilidad y la responsabilidad de incrementar su recaudación fiscal en este sector, además de impulsar la creación de impuestos ecológicos y de otro tipo que permitan incrementar los aportes de esta actividad a las finanzas públicas del país, además de generar algún beneficio económico para la población.•