ace un par de semanas, una sala de la Justicia Especial para la Paz (JEP) en Colombia realizó por tres días la audiencia de reconocimiento de las FARC como responsables de secuestros, entendidos éstos como una de las graves violaciones de los derechos humanos en el marco del conflicto armado colombiano. En un ejercicio urgente para el país, un grupo de víctimas seleccionadas por esta entidad expresó públicamente su dolor y demandas ante el último secretariado de las FARC.

No obstante, la comprensión de este crimen y la posibilidad de justicia en esta transición ha sido insuficiente. No está claro cómo este delito nacional se convirtió en un delito internacional –supuestamente por su sistematicidad–. Tampoco queda claro cómo los militares se convirtieron en víctimas del conflicto, igualando el rol de un civil y un combatiente en la guerra. Aún no se explica a la nación que existió una industria del secuestro –percibido así desde 1969 en un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos– en el que participaron la policía, el ejército, bandas delincuenciales, narcotraficantes, paramilitares y guerrillas en un entramado de complicidades, negocios y crueldad. Por lo pronto, sin develar estas conexiones, la justicia transicional sólo llega a ser revancha.

Estas contradicciones se concretan en el caso de Facundo Molares, comunista internacionalista, ex combatiente de las FARC que dejó Colombia y regresó a su natal Argentina, tras la firma de los Acuerdos de Paz. Como reportero de un medio regional y con una crisis de salud, fue capturado en un hospital en Bolivia en medio de un golpe de Estado perpetrado por la derecha. Pasó varios meses encerrado en la cárcel sin atención médica, se contagió dos veces de covid y sufrió daños irreparables en su corazón; finalmente fue liberado después de la llegada al poder de Luis Arce y, gracias a las gestiones del gobierno argentino, regresó a su país.

Cuando inició su proceso de atención médica, que incluye una condición cardiovascular delicada, fue secuestrado por la Interpol a través de la policía argentina en la casa de su padre. La orden la emitió una oficina de la Fiscalía de Colombia, en la que se le acusaba de haber participado en un secuestro a un político local durante el conflicto armado en el país y se exigía su extradición a Colombia.

Este podría ser un caso de justicia ordinaria, pero su encarcelamiento transgredió lo acordado en los Acuerdos de Paz con las FARC y su calidad de ex combatiente. En violación fragrante de la naturaleza constitucional de los acuerdos, el juez argentino no aceptó el pedido de libertad por su calidad de reincorporado a la vida civil y mantuvo la posibilidad de extradición. Una semana después de su juicio en Argentina, la Fiscalía colombiana se comunicó con la Justicia Transicional (JEP) aceptando que no era de su dependencia y remitió su caso a ésta, como debió ser desde un principio.

Desde enero de 2022, la solicitud de Facundo por ser reconocido como amnistiado está en la JEP y sólo hasta hace un par de semanas esta entidad respondió y reconoció lo que su padre había demandando por meses: la justicia ordinaria no puede actuar en este caso porque hace parte del conflicto armado y en su calidad de ex combatiente tiene potestad la justicia transicional. La petición de extradición del gobierno colombiano debía ser automáticamente cancelada.

Sin embargo, la justicia argentina sigue desconociendo la orden proferida por el Tribunal colombiano. Por derecho propio, Facundo debe ser inmediatamente liberado y atendido en un hospital, y nunca debió estar en la cárcel ni en Bolivia ni en Argentina; además de los daños a su corazón, que no han podido ser atendidos y por lo que corre riesgo de muerte, en estos secuestros de Estado perdió la vista de un ojo.

La retórica de la paz está presente en los discursos políticos de los estados latinoamericanos, pero no hay una conciencia de qué significa y cuáles son los procesos jurídicos del Acuerdo de Paz en el continente. Justo ahora, los jueces argentinos enviaron una comunicación a la JEP para confirmar su resolución, en un acto inaudito de demora sobre lo ya resuelto: deben cancelar la extradición y liberar a Facundo. En nuestras conversaciones, él insistió en que las contradicciones que no se resuelven, se ahondan. Como dijo Bretch: La guerra nace de su paz como el hijo de su madre. Tiene sus mismos rasgos terribles.

* Doctora en sociología, investigadora del Centro de Pensamiento desde la Amazonia colombiana A la Orilla del Río. Su último libro es Levantados de la selva