l acceso al agua persiste como eje de importantes conflictos sociales en Nuevo León. Ayer, pobladores de comunidades rurales de los municipios de Allende y Montemorelos incendiaron tubos de PVC propiedad de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) para evitar que fueran usados en el plan de extraer el líquido del río Ramos con la finalidad de abastecer a la zona metropolitana. Los habitantes de localidades como Paso Hondo, El Fraile, Terreros y El Porvenir ya habían expresado su rechazo a que se afectase su actividad económica –se trata de una zona citrícola– para aliviar la situación de los vecinos de la capital estatal, y antes de los hechos exigieron a personal del organismo público que retirase la tubería.
El incidente entre SADM y los agricultores neoleoneses debe entenderse desde diversas perspectivas. En lo inmediato, resulta deplorable porque la quema de PVC libera sustancias nocivas para el medio ambiente y para la salud humana; de paso, demuestra que la crisis de abasto de agua en la entidad norteña está muy lejos de una solución real, pese al optimismo del gobierno encabezado por Samuel García. Más allá de lo coyuntural, constituye sólo el síntoma más reciente de una problemática que rebasa a lo local e incluso a lo nacional: la cada vez más cruda disputa por la definición del agua como un derecho humano o como una mercancía, un insumo más en las cadenas de producción industriales y agropecuarias.
Con la finalidad de dimensionar el rol de cada actor, es pertinente puntualizar que, en México, sólo alrededor de 10 por ciento del agua dulce disponible se destina al uso doméstico, mientras la agricultura absorbe 70 por ciento y la industria, alrededor de 14 por ciento. Estas cifras, que además deben complementarse con las enormes disparidades en la disponibilidad del líquido en los barrios más pudientes y en las colonias populares, muestran que bien poco puede hacer el ciudadano de a pie para ahorrar este recurso, pues la mayor parte nunca llega a sus manos. En cambio, es necesario ubicar el foco en la manera en que el agua es empleada (y desperdicia-da) en la agricultura y la industria: a inicios de mes, La Jornada publicó una serie de reportajes en los cuales informa a la sociedad acer-ca de los grandes costos ecológicos e hídricos de los frutos rojos, un cultivo orientado no a satisfacer necesidades alimentarias nacionales, sino fundamentalmente a la exportación; mientras que organizaciones ambientalistas denuncian que se entrega agua potable a empresas que bien podrían desarrollar sus actividades con líquido tratado.
En el caso particular del poderoso centro industrial que es la metrópoli regiomontana, destaca la incongruencia de fomentar un polo manufacturero y agrícola que absorbe ingentes cantidades de agua en una región que se cuenta entre las más áridas de la nación. Esa mala planeación, junto a presuntos casos de corrupción y tráfico de influencias en la asignación de concesiones para explotar pozos y otras fuentes del recurso, además de una prolongada sequía fuera del control humano, han gestado una crisis que mantiene a miles de regiomontanos privados del más vital de los bienes.
En el fondo, se trata de decidir entre la continuidad de un modelo económico que pone las ganancias privadas como fin último y prioridad absoluta, o la construcción de un nuevo paradigma que privilegie el uso racional de los recursos finitos y anteponga la vida humana a cualquier otra consideración. De no tomarse medidas audaces y reales para dejar atrás la insostenible lógica neoliberal, episodios como el suscitado ayer en Allende pasarán a conformar la cotidianidad en todo el país y en el mundo.
