penas ayer, en este espacio advertimos que el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos contra una ley que restringía la portación de armas en Nueva York representaba un grito de guerra del conservadurismo y una amenaza de avanzar en el desmantelamiento de derechos humanos elementales, en particular de los que protegen a grupos históricamente oprimidos como mujeres, colectivos racializados, pobres y quienes pertenecen al abanico de la diversidad sexual.
Ese presagio se cumplió de manera ominosa con la anulación de Roe vs. Wade, una sentencia histórica que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto a escala nacional. La revocación completa de una decisión anterior del propio máximo tribunal es una medida sumamente inusual que deja al descubierto la naturaleza política del fallo emitido con el voto favorable de cinco de los nueve jueces que lo integran, tres de los cuales fueron nombrados por el ex presidente Donald Trump.
Al retirarse la protección constitucional al derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos en materia reproductiva, se espera que al menos 26 entidades introduzcan desde restricciones intolerables hasta prohibiciones absolutas al aborto; entre ellas, 13 ya lanzaron leyes desencadenantes
, las cuales entran en vigor tan pronto como se emite el fallo judicial que las habilita. La embestida contra las mujeres es tan brutal que dos terceras partes de esas legislaciones no admiten excepciones ni siquiera en situaciones de violación incestuosa.
Se abre, pues, un escenario de pesadilla para los cientos de miles de mujeres que cada año se ven en la necesidad de interrumpir sus embarazos, quienes ahora deberán trasladarse a estados que mantengan la protección de sus derechos, con los costos y dificultades adicionales que esto conlleva, y con el amago de que en un futuro próximo incluso estos desplazamientos sean ilegalizados. Peor aún, ya se prevé que, si el Partido Republicano recupera el control del Congreso en las elecciones de noviembre próximo (escenario que las encuestas dan por descontado), usará su mayoría para impulsar una prohibición federal del aborto, con lo que se retrocedería más de medio siglo en materia de derechos de género.
Pero el simbolismo de esta decisión va más allá de sus efectos sobre las gestantes: supone una bofetada a todas las mujeres, a quienes se les dice que sus cuerpos no les pertenecen a ellas, sino a los políticos conservadores y a los sectores más retardatarios de la sociedad. La oscuridad no cesa aquí. Al emitir su voto contra Roe vs. Wade, el juez Clarence Thomas llamó a anular el derecho a la anticoncepción, ilegalizar las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo y derogar el reconocimiento del derecho constitucional al matrimonio igualitario mediante la revisión de sentencias emitidas en 1965, 2003 y 2015.
Con lo dicho, resulta claro que Estados Unidos atraviesa un momento de máxima gravedad, en el que se juegan derechos duramente conquistados a lo largo de décadas y, en su sentido más profundo, la disyuntiva entre permanecer como una sociedad democrática, plural y moderna, o convertirse en un Estado confesional, regido por la intolerancia y la imposición de las creencias religiosas de un segmento de su población.
