El ejército siempre actuó reprimiendo a los movimientos sociales y organizaciones que luchaban por la justicia y por las libertades democráticas durante la guerra sucia, sostuvo el Comité 68 Pro Libertades Democráticas.

Tras el inicio de los trabajos de investigación en archivos e instalaciones militares donde presuntamente se hayan cometido violaciones a los derechos humanos durante ese lapso, reprochó que en el acto oficial del miércoles pasado se justificaran los hechos represivos de los gobiernos con el argumento de que fueron medidas implementadas para garantizar la seguridad nacional, el orden constitucional o el restablecimiento del estado de derecho.

Lo acontecido el miércoles en el Campo Militar Número 1 es una deshonra cometida en contra de las víctimas del Estado mexicano.

En un comunicado, el Comité 68 expuso que se pone en duda la actuación y el alcance de los trabajos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.

Agregó: “Condenamos enérgicamente la intención de implementar la ‘teoría de los dos demonios’, porque nunca hubo confrontaciones entre dos fuerzas, sino actos de represión del Estado en contra de los movimientos y organizaciones sociales que luchaban por un país más justo.

Ante este hecho, mantenemos nuestra exigencia de justicia a secas, justicia plena, y reprobamos cualquier acto que pretenda convertir a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad y violación de derechos humanos en héroes, pues con ello se atenta contra el derecho a la verdad y la justicia, agregó.

En la ceremonia protocolaria, refirió el comité, también se anunció que se inscribirán los nombres de militares fallecidos. Lamentó que ahora se aduce que los soldados actuaron por órdenes superiores, y presentaron una recopilación de distintas agresiones atribuidas al Ejército.

Por separado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó su preocupación por que se equipare a víctimas con los integrantes del Ejército.

En un pronunciamiento, indicó: Nos preocupa que, tratándose de una investigación sobre violaciones graves de derechos humanos cometidos por el Estado a través de miembros del Ejército, se pretenda equiparar a las víctimas de esas violaciones con los soldados que cometieron esas violaciones y que, si bien pudieron haber caído en esas acciones, de modo alguno pueden tener el mismo tratamiento de quienes sufrieron vejaciones, detenciones arbitrarias, violaciones graves, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura.

Desde nuestro punto de vista, un acto de reconocimiento de estos hechos honraría a las fuerzas armadas, reafirmaría su esencia popular y reforzaría su compromiso con la transformación que vive actualmente el país, y ellas mismas, añadió el organismo.