Además de la tala clandestina de sus bosques, las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara se enfrentan a concesiones mineras que fueron otorgadas sin que antes se realizaran los debidos procesos de consulta, por lo que en días recientes se llevó a cabo un encuentro para denunciar estas actividades y respaldar a los pueblos que se organizan para rechazarlas.

Así lo indicó Isela González, directora de la organización civil Alianza Sierra Madre (ASM), quien señaló que aunque hay optimismo por el plan del actual gobierno de intervenir a favor de los pueblos originarios de la zona, los indígenas y los colectivos que los acompañan no pueden confiar sólo en ello ni descuidarse ante los procesos de despojo que siguen ocurriendo.

En charla con La Jornada, la activista recordó que los pasados días 12 y 13 de junio se realizó una reunión de comunidades indígenas en Coloradas de la Virgen, adonde acudieron más de 170 personas de los pueblos rarámuri y o’odam, habitantes de los municipios de Guadalupe y Calvo, Guazapares, Bocoyna y Urique, Chihuahua.

El encuentro se llevó a cabo ahí, explicó, porque ha sido en esa localidad donde más ambientalistas indígenas han sido asesinados en años recientes, entre ellos Julián Carrillo (2018), Isidro Baldenegro (2017) y José Trinidad Baldenegro (2022).

Coloradas de la Virgen es una comunidad muy impactada por cacicazgos violentos. La última reunión en donde estuvo presente Julián se planteó realizar un encuentro para que el pueblo se organizara no sólo contra los caciques que quieren explotar forestalmente nuestras riqueza, sino también para defender el territorio de las concesiones mineras, apuntó González.

De acuerdo con la directora de ASM, en este momento hay cuatro concesiones que ya fueron otorgadas en la región de la Sierra Tarahumara, sin que las autoridades hayan hecho primero la debida consulta a las comunidades con el fin de informarlas sobre el tema y pedir su consentimiento.

De los mencionados permisos, dijo, en una ya se terminó con la fase de exploración y ahora se buscan inversionistas para explotar yacimientos de oro y plata.

Acerca de la respuesta de las autoridades ante esta problemática, González saludó que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas ya hizo un diagnóstico sobre el tema para realizar un plan de justicia para los pueblos rarámuri y o’odam, y aunque las comunidades ven este esfuerzo con mucho optimismo, alertó que no debemos confiarnos, porque los despojos de bienes naturales continúan, facilitados por la corrupción.