Sanciones administrativas por discriminación, uso ilegal de restos óseos y designación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia local fueron parte de la lista de dictámenes que aprobó ayer el Congreso capitalino en su primera sesión extraordinaria.

Con el aval del pleno se modificó el Código Penal local en diversos artículos para tipificar la conducta delictiva implementada por los llamados montachoques, que es una modalidad de extorsión en hechos de tránsito, y por la que se impondrán sanciones de entre 10 y 15 años de prisión y multa de 3 mil unidades de medida y actualización, equivalentes a unos 288 mil 660 pesos.

En materia de discriminación se aprobó una sanción de uno a tres años de prisión, trabajo comunitario y sanciones económicas de hasta 25 mil pesos, así como prisión de entre tres a siete años y multa de hasta 48 mil 110 pesos a quien profane un cadáver o restos humanos para comercializarlos, intercambiarlos, utilizarlos en rituales o incluso para transportar narcóticos.

En este caso, aumentarán en dos terceras partes las penas si en el hecho participa una persona servidora pública, empleados de cementerios o de establecimientos mercantiles como agencias funerarias.

La sanción se incrementará en dos terceras partes a quien oculte, destruya o mutile el cadáver sin la debida licencia.

Asimismo, se aprobaron reformas para castigar la aplicación de sustancias modelantes no autorizadas con fines estéticos que puedan causar daños o alteraciones a la salud. Para ello, se avaló una sanción de entre seis y ocho años de prisión; la pena se incrementará al doble cuando la víctima quede con secuelas visibles a consecuencia del tratamiento. Y si la persona fallece será investigado como homicidio o feminicidio, según sea el caso.

Además, se avaló la designación y nombramiento de ocho magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Durante la discusión en el pleno se destacó la paridad de género, ya que fueron cuatro mujeres y cuatro hombres quienes rindieron protesta ayer ante el Congreso.