Madrid. Con dos meses y medio de retraso, y en medio de la peor crisis energética de las últimas décadas, finalmente la Comisión Europea dio su autorización para que se ponga en marcha el plan de emergencia ideado por los gobiernos de Portugal y España con el fin de que se imponga un control público del precio de la electricidad, a través de un mecanismo que fija un tope al precio del gas, que en este caso no será mayor a los 40 euros. La península ibérica, que comparte el mismo mercado energético, lleva sufriendo los vaivenes de los precios, casi siempre al alza, desde hace más de año y medio, los cuales han llegado a poner el precio del megavatio hora (MWh) en más de 700 euros en su hora pico, cuando hace sólo dos años el costo más alto y que hacía saltar todas las alarmas era de 100 euros el MWh.

Los gobiernos de España y Portugal anunciaron a finales de marzo que habían arrancado de las instituciones europeos un reconocimiento histórico, el que se considerara a la península ibérica una isla energética con una problemática concreta y que exigía a su vez unas medidas específicas para hacer frente a la peor crisis de pobreza energética de las últimas décadas.

El mandatario español, el socialista Pedro Sánchez, llegó incluso a presentar en hasta dos ocasiones el acuerdo, que en realidad todavía era un preacuerdo con las autoridades comunitarias, y hasta anunció que su vigencia se limitaría hasta junio, es decir, el actual mes en curso. Incluso autorizó hace tres semanas el plan de actuación en el Consejo de Ministros, que dejó pendiente de su aprobación en función de la aceptación y en qué condiciones de las instituciones europeas.

La medida temporal que hemos aprobado hoy permitirá a España y Portugal reducir los precios de la electricidad para los consumidores que se han visto muy afectados por el aumento de los precios de la electricidad debido a la invasión de Rusia en Ucrania. Al mismo tiempo, se preservará la integridad del mercado único, explicó en un comunicado la Comisión Europea.

Los gobiernos de España y Portugal llegaron a anunciar en su día que este reconocimiento tendría una incidencia directa en el precio de la luz y se empezaría a notar en la factura del mes de mayo. Pero no fue así. De hecho, tras su aprobación ahora los gobiernos de ambos países tienen que activar el plan de emergencia mediante un edicto oficial y una vez publicado se activaría hasta mediados de la próxima semana.

Las instituciones europeas cifraron el costo de las medidas del plan de emergencia en 8 mil 400 millones de euros, que serán amparadas bajo el paraguas de ayuda de Estado, para reducir los precios mayoristas de la electricidad en el mercado mediante la minoración del coste de los insumos de las centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles.

Una parte de ese costo lo pagarán los propios consumidores a través de un impuesto, si bien la mayoría será a través de la propia regulación del mercado y con el control de los beneficios de las grandes beneficiadas de la espiral de los precios de la energía, que son finalmente las grandes multinacionales del sector.