Para verificar si los partidos políticos hicieron gastos relacionados a la consulta de revocación de mandato, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo un amplio monitoreo en el que concluye, de manera preliminar, que sí hubo irregularidades, es decir, se identificaron facturas de publicidad no permitidas por la norma.

Sin embargo, de acuerdo con el informe que será presentado el próximo martes en la sesión del consejo general del INE, todavía no puede señalar responsables en tanto se revisen los reportes de los partidos y se inicien procesos de sanción.

Por lo pronto, están en la mira de la unidad fiscalizadora, por distintas causas, los partidos Morena, PT, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, así como proveedores de servicios de publicidad, a los que se les revisan transferencias bancarias, con el apoyo de la Comisión Nacional Bancaria.

Si bien lo reflejado en el presente informe son presuntas irregularidades y, en este momento no es posible determinar en definitiva su existencia y la conducta irregular atribuible a algún sujeto responsable, es necesario seguir la lógica establecida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Esto es, no retrasar las resoluciones hasta la revisión de los informes anuales, sino resolverlos de forma expedita mediante el procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización.

En el apartado de hallazgos se identificaron gastos no permitidos por la norma vigente. Por tanto, estos casos deberán ser objeto de más análisis.

La Unidad Técnica de Fiscalización inspeccionó medios impresos, en vía pública e Internet, así como verificaciones a diversos actos públicos, confirmación con terceros y revisión de registros contables de los partidos políticos.

El trabajo de ese organismo es preguntar a los proveedores (de anuncios espectaculares o espacios publicitarios en el Metro de la Ciudad de México, por ejemplo), quién les pagó.

También preguntó a las 23 asociaciones civiles autorizadas para recolectar firmas (para hacer realidad la consulta de revocación), entre ellas Que Siga la Democracia, las cuales negaron hacer gastos u operaciones con terceros para esta promoción. En cuanto a los proveedores de espectaculares, no todos han respondido, añadió la unidad fiscalizadora.

A la fecha de la presentación de este informe, de los 152 proveedores se han recibido 104 respuestas. En 68 casos niegan haber prestado servicios a partidos políticos, y en 36 respuestas de contrataciones de información relacionada con la consulta, sólo se dieron 41 nombres de personas físicas y cuatro morales.

Debido a que la revocación de mandato no tuvo efectos jurídicos (al no alcanzar el porcentaje mínimo de participación ciudadana) no impactaría en esa materia, pero sí habrá diligencias; en curso –anteriores al informe– hay 12 expedientes de procedimientos administrativos sancionadores vinculados a la consulta en cuestión.