Uribia. Bajo el inclemente sol de La Guajira, al norte de Colombia, mueren cada año decenas de niños por desnutrición, a pesar de que una sentencia de la Corte colombiana obligó a las instituciones a garantizar el agua, la alimentación y la salud al pueblo indígena wayú, que sufre las peores consecuencias de la pobreza.

Numerosos políticos han hecho campaña en La Guajira durante el actual periodo electoral, pero los pobladores denuncian que cuando sean elegidos se olvidarán de ellos.

Una tiene que seguir adelante, por sus otros niños. Hay que ser fuerte. Yo soy fuerte, dice la wayú Sonia Epieyú, mientras vela a su hijo de apenas nueve meses de edad sobre las vías del tren que conduce a la mina de carbón El Cerrejón.

El pequeño murió en un hospital de la capital regional, Riohacha, después de haber sido trasladado desde su comunidad rural de origen, conocida como Toolomana, tras sufrir numerosos vómitos. Sus familiares aseguran que estaba desnutrido.

Cuando los funcionarios llegaban a la comunidad me lo pesaban y me daban la tallita. Nada más. Me ofrecieron una receta de una fórmula (de vitaminas, alimenticia) pero no me la quisieron dar en la tienda porque me dijeron que quien tiene que hacer el documento es la nutricionista, denuncia Sonia.

El pequeño ataúd blanco al que todos miran da cuenta de la tragedia que se vive en La Guajira. No es un caso aislado. En lo que va del año han fallecido 21 niños menores de cinco años por desnutrición o causas asociadas a ésta, según el Instituto Nacional de Salud (INS).

El flagelo tampoco es nuevo. Al menos 118 niños murieron por las mismas dolencias en 2018, 84 en 2019, 65 en 2020 y una veintena el año pasado, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Son las consecuencias de la miseria en una región donde 63 por ciento de los habitantes sufren pobreza monetaria y 52 por ciento multidimensional.

La mayoría del departamento, situado en el extremo norte colombiano –y sudamericano– tiene un clima semidesértico, con muy escasas precipitaciones que impiden el acceso al agua potable, garantizado para apenas 20 por ciento de la población, una posibilidad casi nula en las zonas alejadas de centros urbanos de la media y la alta Guajira.