Querétaro, Qro., Al grito de: ¡es saqueo, no sequía!, alrededor de 500 personas, principalmente jóvenes, salieron a las calles para protestar contra la ley que permite la privatización del servicio del agua en la entidad, aprobada el 19 de mayo pasado en el Congreso local.

Durante la movilización, los inconformes reclamaron que el recurso hídrico sea visto como una mercancía; agua para todos, no para las élites, se leía en una de las pancartas.

Afuera de la sede del gobierno estatal, donde concluyó la marcha, Claudia Romero de la organización Bajo Tierra Museo del Agua, consideró que Querétaro no tiene una ley de aguas integral.

Mientras, los manifestantes gritaban al unísono: el agua es un derecho no un privilegio y no se vende, se defiende.

Algunos quejosos señalaron que lo aprobado por los diputados locales no tomó en cuenta a los jóvenes y a los indígenas, quienes también tienen derecho al acceso al agua, la cual debe ser defendida porque es un recurso natural que permite la vida. Indicaron que decidieron formar parte de la protesta para alzar la voz y ser considerados; además, advirtieron que en el estado se permiten concesiones por periodos prolongados que van más allá de la capacidad de extracción en los pozos.

Antes de iniciar la caminata, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, recalcó que se sumaba a la manifestación apartidista para exigir al gobierno estatal una política pública que garantice el derecho al líquido.

Por otra parte, la UAQ envió un documento al gobierno estatal, encabezado por el panista Mauricio Kuri González, donde manifestó que el agua y los servicios conexos no son una mercancía más.

Solicitó que exista claridad y supervisión ciudadana en el manejo de la misma, tras la entrada en vi-gor de la ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado de Querétaro. Lamentó que esta última no parta de diagnósticos y estudios técnicos que revelen la disposición, consumo y tratamiento del líquido ante el estrés hídrico en el que se encuentra la entidad, además que tampoco aborda la sustentabilidad de forma integral y no incluye aspectos de política pública de participación social, ni de rendición de cuentas.

Por ello, solicitó a Kuri González la emisión de reglas claras sobre la administración del recurso que no es renovable y de las recaudaciones que realizan los operadores privados que brindan el servicio de agua potable.