a Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó una sanción económica por poco más de 9 mil 145 millones de pesos a Iberdrola Energía Monterrey (IEM), filial de la trasnacional española que incurrió en la ilegalidad al vender electricidad bajo el esquema de autoabastecimiento. El órgano regulador constató a través de comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) que IEM comercializó la energía eléctrica generada por la central vendiéndola a sus socios, que son más de 400 empresas, entre las que se cuentan algunas de las más grandes del país.

En su resolución, la CRE consideró que la conducta de la permisionaria fue de carácter grave, ya que a sabiendas que tiene la obligación de no vender, revender o enajenar por ningún título, directa o indirectamente, capacidad o energía eléctrica, salvo los casos autorizados por la ley, inobservó la norma llevando a cabo la conducta prohibida por la misma, por lo que determinó imponerle la multa más alta de su historia. Por contraste, puede mencionarse que en 2017 varias infracciones seguidas por la CRE representaron apenas 112 millones de pesos.

Esta sanción se inscribe en los esfuerzos de las autoridades federales para poner orden en la industria eléctrica nacional y acabar con el desfalco a las arcas nacionales a través de la figura del autoabasto. Instituida durante el sexenio de Carlos Salinas, esta modalidad creó ventajas que fueron explotadas de manera tramposa para lucrar a expensas del erario y hacer competencia desleal a la Comisión Federal de Electricidad mediante los llamados socios de paja, los cuales simulaban pertenecer a una sociedad de autoabasto, pero en realidad eran clientes de empresas generadoras que les distribuían la energía usando la infraestructura construida por la compañía estatal, sin pagar la tarifa de transmisión correspondiente, precisamente el esquema empleado por Iberdrola en Monterrey.

La CRE ya había determinado que la generadora Dulces Nombres, planta de Iberdrola ubicada en Pesquería, Nuevo León, debe dejar de operar y ser desconectada del Sistema Eléctrico Nacional al quedar suspendida la vigencia de su permiso de generación eléctrica, pero en abril el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro –quien ha ganado notoriedad por otorgar con liberalidad suspensiones contra iniciativas legales del gobierno federal– concedió a Iberdrola un amparo provisional contra la desconexión.

Cabe esperar que la multa dictada por la Comisión Reguladora de Energía se sostenga y se convierta en un ejemplo contra las prácticas abusivas de algunas grandes compañías. Ello supondría un avance sustancial en la aplicación de la ley y en la recuperación de la rectoría del Estado sobre un sector estratégico que los gobernantes neoliberales libraron a la rapiña del mercado y al enriquecimiento privado a costa de los bienes públicos. Asimismo, es deseable que cese el uso del aparato judicial para mantener en pie esquemas lesivos para la nación.