En un análisis del funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicó que no basta con reforzar en términos presupuestales ni de funciones si no se construye una política integral de Estado.

Recalcó que no será suficiente con reformar la legislación en la materia sin un involucramiento de las instancias estatales y federales, así como abordar las causas estructurales de la violencia. De las mil 478 personas beneficiarias en todo el país, el número de asesinados que estaban bajo protección asciende a 10.

Como parte del diagnóstico sobre los alcances y retos del mecanismo, elaborado por la quinta visitaduría de la comisión, se indica que una parte de la solución es construir un clima favorable al debate y al ejercicio serio del periodismo, lo cual, también pasa por el derecho de las audiencias. Es menester hacer algo más que no se ha hecho. Algo que no se hizo en 2012.

En el informe se explica que si bien la creación del mecanismo se dio al empezar la década pasada en un contexto en el que se espiaba a los medios, así como de persecución que se impulsaba desde el gobierno federal, hoy se viven otros tiempos.

No está en riesgo la libertad de expresión por consigna del poder ni se tiene ahora un marco generalizado, como sí sucedía en el pasado, de represión y violencia contra las y los periodistas inducidas por el gobierno federal. Si bien hoy el problema no es menor, se da en otro contexto. Sin reconocer esta realidad, será difícil entablar la solución correcta.

Al Poder Legislativo expuso la necesidad de que se incluya de forma integral el involucramiento de los tres niveles de gobierno en políticas públicas y que aborden el problema desde el punto de vista de la prevención, la protección y la restauración del tejido social local.