El quinto tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México ordenó a un juez federal que admita la demanda de amparo que promovió Jorge Luis Lavalle Maury, ex senador del PAN, para que el Ministerio Público Federal investigue los movimientos financieros que realizó Jesús Caraveo Opengo, quien –según la versión gubernamental– fue el encargado de entregar sobornos a legisladores para que aprobaran la reforma energética durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Los magistrados declararon fundado el recurso de queja del panista, luego de que impugnara el fallo del juzgado segundo de distrito, que desechó la solicitud.

De acuerdo con el expediente, durante la audiencia de marzo pasado, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, resolvió que no era procedente solicitar al agente del Ministerio Público responsable recabar información bancaria de Caraveo Opengo, ex secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado, quien en 2020 apareció en un video cuando recibía fajos de billetes, pues dicha persona no cuenta con el carácter de investigado en la carpeta indagatoria.

No obstante, el tribunal colegiado determinó que de no autorizarse la técnica de investigación para recabar información bancaria de Caraveo Opengo, podría afectar la tramitación de la etapa en que se encuentra la carpeta judicial, y afectar el derecho fundamental de defensa del quejoso en caso de impedírsele allegar los datos de prueba que pudieran servir para su defensa en la siguiente etapa procesal.

Pero no sólo eso, argumentaron que podría traducirse en una violación que posiblemente incidiría de modo trascendente en la resolución que pudiera emitirse en la etapa de juicio, pero que se traduciría en una afectación inmediata a la parte quejosa en razón de que al reclamar en amparo directo la sentencia definitiva no podría hacer valer las violaciones ocurridas en las etapas anteriores.

Según las indagatorias, Lavalle Maury, quien se encuentra preso, supuestamente recibió 97 millones 190 mil pesos por aprobar la reforma energética y realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita por al menos 52 millones 390 mil pesos, por lo que podría alcanzar una pena de prisión mínima de 12 años y una máxima de hasta 39, así como la reparación del daño.