Cortesía INPILa gran deuda de la 4T: la reforma constitucional sobre libre determinación y autonomía de los pueblos
El Tratado de Libre Comercio con América del Norte no llegó solo; su entrada en vigor estuvo precedida por cambios profundos en la Constitución y por la aprobación y puesta en marcha de diversas leyes que facilitaban la ejecución de los acuerdos neoliberales, situando a las corporaciones privadas con acceso irrestricto a los bienes naturales y los territorios.
Entre 1992 y 1993, bajo la rúbrica de Carlos Salinas de Gortari, se publicaron entre otros, cuatro decretos de reforma constitucional que modificaron la estructura y configuración estatal del México posrevolucionario, y que prácticamente terminaron con los contenidos sociales de la Constitución política.
Las reglas económicas y sociales del neoliberalismo fueron impuestas en la carta magna y en el marco legal. Si bien los temas sociales se encuentran todavía en el contenido constitucional, son tratados de forma distinta al planteamiento de 1917 y al que conceptúa un Estado de bienestar. Después de las reformas, las normas constitucionales en materia económica y social responden primordialmente a los intereses privados.
Entre esas reformas están: la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, máxima ley de derecho ambiental en México, promulgada el 28 de enero de 1988, cuya función principal es otorgar concesiones y permisos de explotación, poniendo en control de las propias empresas las manifestaciones de impacto ambiental, por lo que su protección al ambiente es muy limitada; la reforma del artículo 27 constitucional y de la Ley Agraria, con el fin de facilitar la privatización de las tierras en propiedad social; la Ley de Aguas Nacionales, publicada el 1° de diciembre de 1992, que facilita la entrega de concesiones de agua a actores privados; la Ley Minera, que declara como actividad preferente y de utilidad pública a la minería y que otorga concesiones a las empresas incluso en territorios pertenecientes a los núcleos agrarios -ejidos y comunidades-, con lo que pasa por encima de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades, al incluir figuras como la expropiación y ocupación superficial de sus tierras y territorios.
La Ley Minera, además, favorece el uso industrial del agua para esta actividad extractiva por encima de otros usos, en tanto que la Ley de Aguas Nacionales otorga el acceso a las aguas para las grandes zonas industriales, para refresqueras, cerveceras, embotelladoras y otros usos industriales, esto sin importar si las poblaciones cercanas enfrentan escasez.
Este marco neoliberal puesto en marcha en los años noventa se complementa con la reforma energética de la administración de Enrique Peña Nieto, que puso a disposición de las empresas privadas recursos estratégicos de la nación e incluyó otra serie de disposiciones violatorias de los derechos territoriales de las comunidades. La promulgación, tanto de esta reforma como de las leyes de los años noventa han causado profundas afectaciones en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales del conjunto de la población mexicana, como han documentado diversas redes de organizaciones civiles y sociales. https://cmdpdh.org/project/informe-alternativo-desca-conjunto-2017/
En la resistencia frente a este modelo, resulta imprescindible nombrar el referente histórico que significó el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Aquel 1° de enero de 1994, cuando se establecía oficialmente el neoliberalismo, el EZLN sacudió la conciencia nacional y puso al centro del debate la defensa de los derechos de los pueblos originarios frente al despojo capitalista.
A raíz de este levantamiento y de la imposibilidad de negar la legitimidad de los reclamos de los pueblos, surgieron las mesas de diálogo de pacificación que dieron origen a los acuerdos de San Andrés Larráinzar en febrero de 1996, acuerdos en los que el Estado mexicano se comprometió a garantizar el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público; el ejercicio y la implementación de su derecho a la libre determinación y autonomía; así como el reconocimiento de su derecho sobre sus tierras, territorios, bienes y recursos naturales, entre otros.
Sin embargo, en 2001 se aprobó una reforma constitucional que, si bien reconoce en el artículo segundo un conjunto de derechos de los pueblos indígenas, quedó lejos de los compromisos acordados en San Andrés, dejando a las comunidades bajo la tutela paternalista del Estado mexicano, al definirlas como sujetos de “interés público”.
Aun así, los pueblos han continuado su camino histórico rumbo a la construcción de autonomía por la vía de los hechos, sin dejar de exigir al Estado y a las mismas empresas el respeto a su libre determinación y autonomía, y el derecho de sus tierras, territorios y bienes comunes.
Si bien la 4T, desde que llegó al poder, ha mantenido una narrativa sobre su compromiso de acabar con el neoliberalismo, en los hechos no le ha movido ni una coma al engranaje legal construido hace más de 30 años en contra de los pueblos. Incluso, en el caso de las reformas que ha promovido el actual gobierno en materia energética, no se han suprimido las figuras lesivas a los derechos colectivos de las comunidades ni se ha incluido su participación en los debates para la modificación de esta legislación. https://nofrackingmexico.org/derechos-humanos-y-prohibicion-del-fracking-grandes-ausentes-en-la-reforma-a-la-ley-de-hidrocarburos/
Por otro lado, en agosto del pasado año, las autoridades del pueblo Yaqui presentaron al presidente López Obrador, en Sonora, la iniciativa de Reforma Constitucional de Derechos Indígenas y Afromexicanos, promovida por el propio Ejecutivo a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), que recoge el espíritu de los acuerdos de San Andrés, y viene precedida de un proceso participativo desarrollado en más de 50 foros con autoridades de pueblos y comunidades de todo el país, y en 64 asambleas regionales de seguimiento, con un respaldo de 630 mil 986 firmas de autoridades, representantes e integrantes de los pueblos indígenas y afromexicanos. https://www.gob.mx/inpi/articulos/gobierno-de-mexico-acuerda-plan-de-justicia-del-pueblo-yaqui-y-recibe-propuesta-de-reforma-indigena-283898
Desde la Alianza por la Libre Determinación y Autonomía (ALDEA), conformada por comunidades indígenas y organizaciones de más de 13 estados del país, se han hecho diversos llamados a la Presidencia de la República para que concrete su promesa de impulsar la reforma constitucional indígena en el Congreso. https://www.facebook.com/HacemosALDEA/photos/pcb.423083489578510/423083002911892/
No obstante, a pesar de estar dotada de esta importante base de legitimidad emanada de los mismos pueblos, la iniciativa sigue sin presentarse al poder Legislativo, mientras los megaproyectos, tanto privados como gubernamentales, avanzan aceleradamente y a golpe de decretazos que perpetúan la discriminación y los procesos de despojo hacia los pueblos originarios de México.
Pese a todo, y a la violencia desatada por este modelo neoliberal y desarrollista, los pueblos seguirán dando la lucha por la defensa de su libre determinación, de sus territorios y su supervivencia cultural. •