A 26 años de los Acuerdos de San Andrés: asignatura ya no pendiente para los zapatistas

El 16 de febrero de 1996, se firmó entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Gobierno Federal los Acuerdos de San Andrés, un pacto social y político que establecería una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas de México.

Bien se sabe que el diálogo llegó hasta el más alto nivel, que involucró a una diversidad de grupos étnicos, intelectuales, políticos, sociedad civil que participaron de manera activa durante las negociaciones.

Pero pese a la presión constante de las diferentes voces, dichos acuerdos no significaron nada para la historia de los pueblos indígenas, pues la respuesta del Gobierno Federal junto con los partidos políticos no sólo fue traicionar o negar su cumplimiento, sino fue una situación mucho más difícil para las comunidades zapatistas: enfrentar un fuerte proceso de militarización y paramilitarización en una gran parte de sus zonas, situación que provocó una serie de acciones políticas en todo el país durante varios años para exigir el cese a la violencia y el cumplimiento de los acuerdos firmados. Más adelante y sólo cuando el movimiento no fue derrotado por el gobierno a pesar de la implementación de la fase represiva, abrió paso a una intensa estrategia de contrainsurgencia de tipo ideológica, política, económica, cultural y religiosa.

La resistencia, la organización y los trabajos colectivos fueron las principales armas para enfrentar dicho proceso, es decir, para enfrentar la guerra ideológica del gobierno se crearon escuelas autónomas y procesos de formación política para núcleos juveniles y las bases zapatistas; para responder la guerra económica, se implementaron trabajos colectivos y cooperativas; para la guerra represiva se fortalecieron las organizaciones comunitarias y otras instancias de gobiernos autónomos, así como redes de solidaridad con la sociedad civil nacional e internacional.

No obstante, en los primeros años del nuevo siglo y tras el incumplimiento de los derechos firmados, se produjo dentro de la agenda de lucha política del EZLN un cambio, y pone el acento sobre la necesidad de construir y hacerla práctica de manera radical y fuera de los espacios del poder del Estado, el derecho a la autonomía y la libre determinación. Dentro de ella, se anunció la muerte de los Aguascalientes y el nacimiento de las Juntas de Buen Gobierno (JBG), por lo que cambia su nomenclatura, llamados ahora Caracoles y es el momento en que la autonomía de las comunidades zapatistas se profundiza en la práctica.

Ejemplo de ella, es que entre el 2008 y 2010, las escuelas autónomas empezaron a funcionar en prácticamente todas las comunidades zapatistas, además se capacitaron cientos de nuevos promotores de educación para implementar un nuevo proceso que daba fin a los que siendo zapatistas asistían a las escuelas oficiales, práctica que todavía se permitía hasta antes de aquellos años.

A partir de este proceso y después de la larga exigencia por el cumplimiento de los acuerdos, el EZLN decidió suspender definitivamente diálogos con el gobierno mexicano y los partidos políticos para hacer de la resistencia y la autonomía una forma de lucha.

Y no, no se equivocaron en cerrar sus puertas al diálogo, en profundizar la autonomía en la praxis, porque a pesar de la transformación democrática actual del país promovido desde el 2018, los Acuerdos de San Andrés siguen siendo para el Estado mexicano una deuda pendiente, aunque se pretenda saldar con iniciativas de Reforma Indígena o modificaciones constitucionales, en lo esencial ya no responden a la demanda histórica de los pueblos.

Y hay que decirlo, de no haber sido por la autonomía de facto, las comunidades zapatistas “seguirían cargando la dolorosa historia”: la del olvido y la marginación, la dominación y las injusticias.

A 26 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés, el proyecto autonómico de los zapatistas se sigue fortaleciendo ya no fundamentalmente por la ayuda económica o material de la sociedad civil, ni demandando el reconocimiento constitucional del derecho a la autonomía y la libre determinación de los pueblos, sino a base del trabajo individual y colectivo de los sujetos autonómicos que practican la solidaridad, la cooperación y el compañerismo, y es también a partir de las decisiones que se toman en las asambleas comunitarias con democracia directa que impulsan una política distinta no basada en la centralidad del poder del Estado, sino en la capacidad de autogobernarse.

Considero que después de este largo proceso de lucha política y de la práctica de la autonomía, lo que caracteriza hoy al movimiento no es ni la búsqueda de financiamiento externo ni el cumplimiento de los acuerdos firmados en 1996, lo que busca es transmitir lo construido, orientar para que otros pueblos puedan encontrar desde sus propios contextos y territorios, mecanismos que los lleven a la organización, autogestión y a la defensa de la vida.

De ahí que sus diferentes y constantes iniciativas como encuentros, actividades político-culturales y comparticiones han sido esfuerzos para forjar nuevas experiencias organizativas y redes de resistencias.

La travesía por la vida, la reciente iniciativa de los zapatistas, invita al diálogo, invita a construir aquí y ahora alternativas para hacer un frente colectivo ya no sólo en el ámbito nacional, sino de dimensión planetaria que defienda la vida. Y como dicen ellos, consiste en abrazar al otro y decirle que no está sola, solo. Lo más importante, que vale la pena resistir y construir juntos, un mundo mejor. •