l lunes se realizó la última sesión de parlamento abierto para analizar la iniciativa presidencial en materia eléctrica.

A lo largo de siete semanas (del 17 de enero al 28 de febrero) se efectuaron 26 foros –ocho de mesa en comisiones, ocho debates y 10 diálogos de la Junta de Coordinación Política– para fijar las posturas de partidos, organismos públicos, iniciativa privada y la llamada sociedad civil en torno de esta propuesta de reforma que busca reordenar el sector eléctrico y devolver al Estado la rectoría sobre el mismo.

A diferencia de la contrarreforma neoliberal de 2013, en esta ocasión se entregaron a los ciudadanos los elementos para posicionarse en torno de una medida por demás trascendental.

Los actividades realizadas en este formato se caracterizaron por su elevado nivel, así como por la franqueza con la que se presentó la información. En general, puede hablarse de un ejercicio positivo, democrático, plural e incluyente con todos los actores interesados, en el cual las ausencias se dieron, no por falta de invitación, sino por el rechazo de algunos actores a presentar y debatir sus argumentos en un contexto de igualdad de condiciones.

Al respecto, es particularmente lamenta-ble el desdén de las grandes empresas: a la sesión que se realizó el 23 de febrero fueron invitadas 15 compañías: Iberdrola, Enel Green Power, Grupo Lala, Bimbo, Alsea, Femsa, Kimberly Clark, CitiBank, Santander, HSBC, BBVA y Grupo México, Walmart, IT Ecotecnología y Bachoco; sin embargo, únicamente las dos últimas enviaron representantes para argumentar en contra de la reforma constitucional.

Por lo que se ve, los grandes capitales que se benefician con los esquemas depredadores creados durante los sexenios anteriores prefieren proseguir con su estrategia de comunicación unilateral, basada no en la validez de sus argumentos, sino en la desinformación y el efectismo propagandístico.

Si bien todas las sesiones fueron transmitidas por el Canal del Congreso y se encuentran disponibles en su página de YouTube, es importante que los contenidos de los debates reciban la máxima difusión, así como que se elaboren resúmenes de los datos más relevantes dados a conocer, así como de las posturas presentadas, de modo que la sociedad encuentre en estos recursos una guía para entender las discusiones y votaciones parlamentarias por venir.

No puede olvidarse que lo que estará en juego en el Congreso de la Unión es si el sector eléctrico se mantiene como instrumento de lucro para un puñado de trasnacionales locales y foráneas, o si se le devuelve su papel histórico como palanca para el desarrollo nacional.