Quito. La Procuraduría de Justicia de Ecuador informó ayer que decomisó bienes del ex presidente Rafael Correa (2007-2017) y de otras siete personas –entre ellas ex ministros, altos funcionarios estatales y empresarios sentenciados–, como parte del caso sobornos, una causa armada dentro de la persecución política conocida como lawfare.

En un comunicado, la institución señaló que el Tribunal de Ejecución inscribió a nombre del Estado varias posesiones de Correa, de los ex ministros Walter Solís y Vinicio Alvarado; del ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera; la ex vicepresidenta de la Asamblea Viviana Bonilla, y de otros funcionarios y empresarios. No dio detalles de los bienes embargados.

Todos los referidos, sentenciados por el delito de cohecho, fueron declarados culpables, aunque sin pruebas de estar implicados en una red que exigía a personas de negocios cantidades millonarias a cambio de contratos por grandes obras públicas, con los cuales pagaban campañas y fiestas del entonces partido de gobierno, Alianza País.

Correa y su ex vicepresidente Jorge Glas (ya encarcelado), considerados autores directos, fueron sentenciados en 2021 cada uno a pagar al Estado 778 mil 224 dólares, mientras sus presuntos cómplices, 368 mil 632 dólares.

La procuraduría destacó que no cejará en su tarea de que los sentenciados por casos de corrupción cumplan con lo dispuesto por los jueces y restituyan el daño ocasionado al país, garantizando de este modo la eficacia de la administración de justicia.

La fiscalía solicitó el embargo inmediato de varios bienes muebles e inmuebles que logró identificar y ubicar en otras ciudades del país, registrados a nombre de los condenados por esta causa.

En noviembre del año pasado, ese organismo estatal decomisó el saldo de las cuentas bancarias de 17 de los 20 sentenciados.

Desde el final de su gobierno, en mayo de 2017, Correa, político y economista, ha sido procesado en varios casos, principalmente por corrupción, pero no ha comparecido personalmente porque desde entonces vive en Europa. Además, está impedido por ley para ocupar nuevos cargos públicos.

La asambleísta Esther Cuesta tuiteó ayer que “con Rafael Correa éramos el país con la tercera tasa más baja de homicidios de la región. El presupuesto federal destinado a seguridad pública pasó de 95 millones de dólares a 816 millones de dólares, el sueldo de un policía egresado pasó de 358 a 933 dólares.

Mientras en el partido Revolución Ciudadana (impulsada por Correa) aumentó la inversión en rubros de importancia pública, el gobierno actual (encabezado por el ex banquero Guillermo Lasso) incrementa la inseguridad.