En la construcción del Tren Maya, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró anomalías por más de mil 44 millones de pesos en la cuenta pública 2020, así como debilidades que, de no ser corregidas, incrementan el riesgo de que el proyecto no entre en operación en la fecha prevista y no se alcance el objetivo de promover el desarrollo económico de la península de Yucatán y, al mismo tiempo, proteger el medio ambiente.

También informó que emitió una solicitud de intervención del Órgano Interno de Control en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para que investigue los actos u omisiones que pudieran ser constitutivos de responsabilidades administrativas derivado de la existencia de procedimientos de excepción a la licitación pública.

El reporte de las auditorías realizadas al proyecto da cuenta de observaciones por 256.1 millones de pesos, debido a que se pagó anticipadamente la elaboración de los proyectos ejecutivos, los cuales debieron liquidarse hasta estar concluidos y validados.

Además, el monto de la inversión total estimada entre 2019 y 2021 para el desarrollo del plan aumentó 26.9 por ciento, al pasar de 141 mil 20.8 millones de pesos a 178 mil 984.4 millones.

El documento dado a conocer ayer por la ASF refiere que el Fonatur erogó 9 mil 733.9 millones de pesos, de los cuales no se reportaron 382.3 millones en la cuenta pública 2020.

También se detectó un pago por 650.1 millones derivado de un convenio de colaboración suscrito para instrumentar un mecanismo que permitió al organismo dotar de recursos a su filial Fonatur Tren Maya para que cumpliera con obligaciones relacionadas con la prestación de servicios personales y generales, así como adquisición de materiales y suministros, sin que se observara la normativa presupuestal.

De los pagos de indemnizaciones a los propietarios de las superficies liberadas por los derechos de vía correspondientes a la construcción del Tren Maya por 128.8 millones de pesos, el Fonatur proporcionó información parcial que justificó el gasto por 117 millones de pesos, efectuado por la indemnización de 28 ejidos, y no dio reportes que acreditaran el pago por los 11.8 millones restantes.

Entre las anomalías y debilidades se encuentra la formalización de contratos al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuando por su naturaleza debieron ser por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, lo que imposibilitó la verificación del cumplimiento de los entregables y del avance de los servicios.

Tampoco se contó con protocolo de debida diligencia para garantizar las mejores condiciones en contrataciones públicas.