Mazatlán, Sin., Cientos de familias que han sido desplazadas de municipios del sur de la entidad señalaron ante representantes de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) que la mayoría no tiene acceso a una vivienda digna desde que abandonaron sus territorios a causa de la violencia que prevalece en las comunidades de la sierra.

Durante una reunión efectuada en Mazatlán con los miembros del Acnur, algunos afectados pidieron ser incluidos en el nuevo censo que realizará la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), pues tras años de huir de sus lugares de origen ya no pueden pagar renta.

Una de las asistentes expuso que en 2014, sólo con lo que traía puesto salió de la comunidad El Pueblito, ubicada en la sierra de Concordia, y aún espera que las autoridades le asignen un terreno.

Otra mujer, del pueblo de Pánuco, también del municipio de Concordia, explicó que desde que asesinaron a sus tres hijos no regresó a su hogar, por lo que ahora necesita un predio para por lo menos levantar un techo con láminas.

Algunos más narraron que tuvieron que ocupar inmuebles abandonados en áreas donde no cuentan con servicios públicos como energía eléctrica o agua potable.

Carolina Reyes y Khaterine Catamuskay, de Acnur, explicaron que tras una solicitud de asistencia que presentó el gobierno federal, a partir de 2019 el organismo contribuye en apoyar acciones para solucionar el problema, sobre todo para dar asesoría en el marco normativo para protección de la población desplazada.

El 11 de febrero, la Acnur participó en la firma del convenio entre el gobierno del estado y la UAdeO, para que esta última se encargue de elaborar un nuevo registro y diag-nóstico de víctimas de desplazamien-to forzoso interno, que permitirá realizar un plan de bienestar social para el número exacto de personas que están en dicha situación.

Las representantes de Acnur acudieron también al fraccionamiento C-vive, donde unas 50 familias fueron reubicadas por las autoridades. Las personas que habitan en el lugar mostraron que hay deficiencias en la construcción de las casas.

María Inés Pérez Corral, subsecretaria de Evaluación y Planeación, en representación de la secretaria estatal de Bienestar y Desarrollo Social, Ruth Díaz, informó que estos recorridos se hicieron también en días anteriores en Guasave y Guamúchil; además de que continuarán en otros municipios.