a iniciativa de reforma eléctrica ha sido ferozmente rechazada por los sectores más conservadores de la sociedad. Lo que asombra son los argumentos e incluso las mentiras repetidas incesantemente en algunos medios de comunicación. Los legisladores tienen la delicada tarea de valorar tesis y distinguir falsedades que buscan inclinar la balanza a favor de intereses particulares.

Se dice que la propuesta presidencial viola la competencia económica, al priorizar las prácticas monopólicas en toda la cadena de valor del sector eléctrico. En realidad, la iniciativa brinda prioridad el funcionamiento del sistema eléctrico nacional, sin el cual no hay competencia, vaya, ni siquiera producción. Si los electrones no fluyen no hay máquina moderna que funcione. La iniciativa corrige el error de la reforma energética de 2013. Las leyes del hombre no pueden estar por encima de las leyes de la naturaleza.

Competencia sí, pero primero electricidad. En el plano jurídico el artículo 28 constitucional establece que no son monopolios las actividades reservadas exclusivamente a la nación. Los gobiernos neoliberales reservaron para el Estado la transmisión, la distribución, así como la operación y el control operativo de la red eléctrica. Por razones estratégicas la iniciativa amplía esa exclusividad a la prestación del servicio público y a un porcentaje sutilmente mayoritario de la generación.

Se dice que habrá un monopsonio. De hecho, ya lo hay. La Ley de la Industria Eléctrica establece un monopsonio en la compra de electricidad privada destinada al servicio público. En las subastas previstas en el artículo 53 hay un solo comprador. CFE compra energía barata en esas licitaciones, pero el costo final ya no es tan económico, porque la mayoría de las veces se trata de generación variable que se debe transmitir, manufacturar y acondicionar con un alto costo para el suministrador. El uso reiterado de ese mecanismo acabaría por encarecer desproporcionadamente las tarifas.

La iniciativa presidencial propone establecer, efectivamente, el modelo de comprador único que ha sido descrito y analizado ampliamente en la literatura académica e institucional de la industria eléctrica global. Mediante procesos competitivos se comprará la electricidad privada cuyo costo total resulte más barato para el servicio público a corto, mediano y largo plazos.

La competencia por el mercado permitirá maximizar la eficiencia, con una ventaja adicional: transparencia en las transacciones; conviene señalar que en estos momentos el comercio de electricidad es de una total opacidad: se sabe quién genera y cuánto, pero más allá de la contabilidad de la CFE se desconoce el reparto de los ingresos obtenidos por la venta de la energía eléctrica.

Se dice que la iniciativa afecta el medio ambiente y la salud de los mexicanos, por la priorización en el despacho eléctrico de la generación con hidrocarburos. El propósito de la reforma no es despachar energía cara y contaminante. La iniciativa dice textualmente lo siguiente: la CFE desarrollará el despacho económico de unidades de generación eléctrica garantizando los costos más bajos para el servicio público y considerando los costos totales de producción. La Comisión Federal de Electricidad adquirirá energía eléctrica y capacidad generada por el sector privado, requerida en el corto plazo, mediante la competencia para su despacho por sus menores costos de producción, todo en beneficio de los usuarios finales.

¿Qué interés tiene la CFE en despachar energía cara si ello deteriora su carátula financiera, incumple su mandato y encarece la electricidad para todos? El despacho de centrales caras y contaminantes sólo se justifica por razones de confiabilidad. Las centrales solares y eólicas contaminan menos que otras, cierto, pero dejan de funcionar cuando no hay sol o viento y deben ser respaldadas por máquinas que funcionen en base firme, que utilizan uranio, gas natural, petrolíferos, carbón o vapor geotérmico. En las circunstancias tecnologías actuales y previsibles la contaminación es inevitable; sin embargo, se busca un equipamiento y una operación que reduzca el impacto ambiental al mínimo posible. Es importante subrayar que la iniciativa instruye al Estado a utilizar de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación.

Se dice que es una expropiación indirecta. La iniciativa no expropia nada, al contrario, le ofrece al sector privado 46 por ciento del mercado con garantía constitucional. Es una oferta muy generosa porque ese porcentaje representa hoy en día un volumen equivalente al sistema eléctrico de Argentina.

Las centrales de los productores independientes seguirán entregando potencia y energía a la CFE de acuerdo con los contratos originales que justificaron la construcción de sus instalaciones. Las centrales construidas con apego a la legalidad podrán seguir generando para vender electricidad a la CFE y serán despachadas si son eficientes.

El gobierno está de acuerdo y los legisladores tendrán el cuidado de modificar los artículos transitorios para transitar sin sobresaltos a un nuevo modelo de generación, afectando lo menos posible a las centrales en operación. Los generadores que rechazan la dadivosa oferta son aquellos que lo quieren todo. Se oponen porque el modelo actual les garantiza acceso a todos los usuarios, primero a los grandes y paulatinamente a los más pequeños, hasta abarcar a todo el universo de consumidores, a los cuales les aplicarán tarifas alineadas con el precio más alto alcanzado en el mercado eléctrico mayorista. Les hacen coro los grandes consumidores que quieren seguir comprando electricidad subsidiada.

* División de Ingeniería Eléctrica, Facultad de Ingeniería, UNAM y colaborador del Programa Nacional Estratégico de Energía y Cambio Climático del Conacyt