Viernes 11 de febrero de 2022, p. 21
Los presidentes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) reconocieron que la reforma energética de 2013 creó distorsiones que solo beneficiaron a la iniciativa privada, e incluso plantearon a los diputados que es momento de dialogar y hacer las correcciones necesarias
, entre otras cobrar a las empresas los servicios que hoy no pagan a la Comisión Federal de Electricidad.
Durante el foro público para discutir la reforma en materia eléctrica, Enoch Castellanos, de Canacintra, admitió el martes ante diputados que está desactualizado
el pago por porteo, mientras en la sesión del miércoles, José Medina Mora Icaza, de Coparmex, señaló que en las subastas a las empresas privadas se les paga el monto más alto, situación que se debe corregir, al igual que el subsidio a las sociedades de autoabasto.
En esa misma reunión, el titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, Alberto Montoya Martín del Campo, resaltó que en el caso de las subastas, el Centro Nacional de Control de Energía solicita energía con 24 horas de anticipación y recibe ofertas y, con base en ellas, hace un programa de despacho, pero durante este proceso si bien se despacha la más barata, se paga el precio más caro ofertado.
Son de las correcciones que tenemos que hacer en las condiciones. Tenemos que ser conscientes en esto que usted señala de las subastas: yo propongo un precio y gano, pero me pagan el precio más alto
, convino en ese punto, Medina Mora Icaza, a pregunta expresa del presidente de la Junta de Coordinación Política, Rubén Moreira (PRI).
El dirigente patronal refirió que en la reforma de 2013 los diputados consideraron que era una medida necesaria para incentivar la generación de energía eléctrica en zonas marginadas.
Después de nueve años consideramos que es tiempo de sentarnos a dialogar y hacer esos cambios para lograr esa libre competencia.
No obstante, consideró que no debía hacerse una reforma constitucional, como propone el Ejecutivo, sino con manuales de cobro o instrucciones de despacho para corregir las sociedades de autoabasto
y que los subsidios otorgados mediante certificados de energías limpias no se otorguen a las empresas que realmente no lo necesitan, sino a comunidades excluidas
donde no hay suministro.