La venta pública de arte precolombino en Francia está estrictamente regulada por la ley y no se oferta ninguna pieza sin registro previo o importada de forma reciente, expresó el marchante de arte Alexandre Giquello, de la firma francesa Binoche et Giquello.

El subastador manifestó en entrevista exclusiva con La Jornada que en su país “ningún objeto que se demuestre fruto del tráfico ilícito puede ser vendida en subasta pública; si lo fuera, sería condenada con severidad a posteriori, arruinando la reputación de la casa de subastas”.

El martes pasado, México, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú y República Dominicana exigieron que se detengan las pujas que Binoche y Giquello realizarán hoy y el 18 de febrero en París.

En un comunicado conjunto explicaron que estas transacciones fomentan el pillaje, el saqueo, el tráfico ilícito y el blanqueo de bienes perpetrados por la delincuencia organizada trasnacional.

En respuesta, Alexandre Giquello (Versalles, 1970) refirió que los procedimientos relativos al origen de los bienes adquiridos están supervisados por el Ministerio de Hacienda (Tracfin) y que como establece la convención de 1970 contra el tráfico ilícito de bienes culturales de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), cada pieza vendida debe demostrar que está en propiedad.

El también presidente de la gran casa de subastas parisina Drouot destacó que todo el mundo comprende la necesidad imperiosa de luchar contra el tráfico ilícito, que es un veneno insidioso y poderoso para el mercado del arte. El derecho francés e internacional ofrecen un arsenal eficaz para reprimir estas acciones.

El también coleccionista reiteró que “no ha llegado ninguna pieza recientemente (totalmente prohibido por la ley). El mercado del arte fue muy activo en los siglos XIX y XX (véanse muchos anticuarios conocidos en México hasta los años 80 que exportaban legalmente en esa época).

Las piezas procedentes de colecciones de Estados Unidos o Europa tienen todas un registro y fueron adquiridas en su mayoría a anticuarios. Las piezas sin procedencia se rechazan de forma sistemática. Los traficantes lo saben y, generalmente, no se arriesgan a una venta pública, que es demasiado visible.

Convenios que impiden reclamaciones

La exigencia, afirmó el amante del arte antiguo, de “la restitución incondicional de todo el patrimonio arqueológico mexicano choca con dos principios constitucionales fundadores del derecho francés: el derecho a la propiedad privada que se presume de buena fe y la noción de plazo. Al ratificar los convenios de la Unesco y del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, de 1970, México ha aceptado e integrado estos dos conceptos esenciales en su derecho positivo.

Por tanto, el país no puede reclamar los objetos cuya posesión se demuestre antes de la fecha de ratificación de estos tratados por parte de Francia, debe aportar pruebas del tráfico ilícito e indemnizar al poseedor de buena fe, si es necesario.

Sobre el posicionamiento de México y otros países de América Latina en torno a la restitución de bienes arqueológicos, Giquello sostuvo que en el centro de esta feroz campaña jurídico-mediática, esgrimida desde hace 10 años, están los conceptos de inalienabilidad e imprescriptibilidad de todo el patrimonio arqueológico precolombino.

Principios que se oponen a la realidad del mercado del arte, a su historia y a las disposiciones del derecho francés e internacional en la materia, y reúne dos temas muy distintos: la recuperación del patrimonio nacional y la lucha contra las excavaciones clandestinas y el consiguiente tráfico.

Giquello hizo hincapié en quelos agentes del mercado del arte están, por naturaleza, en una posición ideal para ayudar eficazmente contra el tráfico ilícito, al tener acceso a gran número de piezas, y la venta pública es una buena forma de luchar contra el verdadero enemigo: el mercado negro.

Recordó que junto con Jean-Claude Binoche y Jacques Blazy, encontraron, identificaron y adquirieron, por un precio importante, un bajorrelieve olmeca que representaba al dios Xoc, procedente del saqueo el yacimiento de Ocosingo, en Chiapas, en los años 60, y que ofrecimos inmediatamente a México.