De 2017 a la fecha, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) ha tenido una baja presupuestal de 45 por ciento, al pasar de 224 millones a 124 millones en el lapso aludido. Francisco Ciscomani Ferrer, presidente del Comité Coordinador del SNA y del Comité de Participación Ciudadana (CPC), expuso esta semana ante los integrantes del propio comité que pese a la austeridad, la secretaría ha conseguido avances en la articulación del SNA. Por ello pidió su apoyo para que la Secretaría Ejecutiva continúe con su labor.

Ciscomani, que también preside el Comité Coordinador del sistema –mismo que está integrado por los titulares de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino; del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Blanca Lilia Ibarra Cadena; de la Auditoría Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos Borja, y del Tribunal de Justicia Administrativa, Rafael Uribe Anzures– expuso que llegó a sus manos un proyecto de reforma que alista el Ejecutivo federal para desaparecer a la Secretaría Ejecutiva.

Yo sé que ustedes conocen a diferentes agentes políticos cercanos a la Presidencia; yo quisiera plantearles esta situación, reflexionar con ustedes y realmente ver si eventualmente podemos hacer un exhorto para que se analicen estas iniciativas y que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción prevalezca, manifestó.

Si la iniciativa continúa, dijo, el CPC pedirá respetuosamente que se retire la misma, que se reconsidere este tema, y que se permita que continúen los trabajos del SNA.

El comité manifestó en un comunicado que la Secretaría Ejecutiva permite la coordinación interinstitucional sin asimetrías y la articulación con la representación ciudadana dentro de la institución. Señaló que defenderá el diseño institucional y ciudadano del sistema y que estará atento a sugerencias para mejorarlo.

Agregó que convocará a organizaciones de la sociedad civil, academia, sector privado y la cooperación internacional para acompañar el proceso de toma de decisiones respecto de las propuestas de reforma a las leyes en materia de combate a la corrupción en el país.