urante su discurso por la octava reunión plenaria de la fracción legislativa de Morena en el Senado, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, anunció que los contratos de generación de electricidad firmados en el sexenio pasado entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y corporaciones energéticas privadas, se revisarán las veces que sea necesario y recordó que muchos de esos convenios tienen vicios muy oscuros.

La funcionaria definió como”esclavitud comercial” el conjunto de reglas inequitativas impuestas a la CFE –valga decir, al patrimonio nacional– bajo los términos de la reforma energética aprobada en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Como ejemplo del carácter injusto y depredador de los contratos otorgados puede mencionarse la obligación impuesta a la CFE de pagar el ciento por ciento de la energía estipulada en ellos, incluso si los generadores privados entregan cantidades menores de energía. Esa regla llevó a la empresa productiva del Estado a pagar 223 mil millones de pesos durante 2020.

Pero los convenios referidos no se limitan al suministro de electricidad, sino también al abasto de gas natural y a la operación de gasoductos para las centrales de ciclo combinado del organismo público, y más allá de los contratos, los términos de la reforma energética referida sin necesariamente desastrosos para la CFE.

Para ilustrar el punto, baste con mencionar que bajo la norma aún vigente, el Centro Nacional de Control de Energía debe aceptar primero el despacho de generadores privados, lo que obliga a la empresa nacional a subutilizar sus plantas, por lo que el año antepasado dejó de generar electricidad por un monto de 215 mil millones de pesos.

Dicho sea de paso que la subutilización de la infraestructura de la CFE, en el caso de la hidroeléctrica, tiene un impacto ambiental negativo, toda vez que se prescinde de una energía renovable para dar prioridad a flujos eléctricos no necesariamente generados con tecnologías limpias, como es el caso de los productores privados.

Es importante considerar que la revisión de los contratos se realizará con el telón de fondo del debate por la reforma eléctrica propuesta por el gobierno federal a fin de acotar los desmedidos beneficios de que han gozado las corporaciones energéticas privadas y que han implicado un gravísimo quebranto para el erario, un permanente riesgo de inestabilidad para el sistema eléctrico nacional y una amenaza latente para la soberanía nacional.

Por añadidura, la reforma energética peñista abrió en nuestro país la posibilidad de enfrentar escenarios críticos en materia de abasto eléctrico como los que han experimentado en fechas recientes Texas y varios países europeos, particularmente España, donde la brusca subida de las tarifas energéticas ha colocado a buena parte de la población en circunstancias angustiosas.

Así pues, resulta a todas luces pertinente avanzar en la corrección de los contratos leoninos heredados por la CFE del sexenio anterior y, al mismo tiempo, despejar argumentos falaces sobre el supuesto sentido antiecológico de la reforma propuesta y de las presuntas querellas internacionales a las que ésta podría dar lugar.

Porque, como lo recordó la secretaria de Energía, las modificaciones constitucionales proyectadas no van en contra del Tratado de Libre Comercio (T-MEC) con Estados Unidos y Canadá, pues la regulación del sector energético de nuestro país quedó fuera de ese instrumento trilateral.