El ex dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), César Ponce López, es una de las 12 personas ejecutadas entre la noche del viernes y madrugada de ayer en Guanajuato.

El priísta fue asesinado a balazos a bordo de su vehículo la mañana de ayer cuando circulaba en las inmediaciones de la zona centro de Irapuato.

La noche del viernes, una mujer y tres hombres fueron asesinados en la colonia Emiliano Zapata III, también en Irapuato. En el ataque otra fémina resultó herida, reportó la Fiscalía General del Estado.

Tres personas más fueron ultimadas en las ciudades de Celaya, se trató de una mujer y dos hombres. En Yuriria, una señora de 61 años, en Silao, una fémina y un joven, y en Pénjamo, un hombre joven.

En Hidalgo, Lizbeth García Velázquez, Emili Ángeles y Francisco García Cruz de 23, 21 y 35 años, respectivamente fueron ejecutados en dos ataques perpetrados la mañana del sábado por un grupo de hombres armados que viajaban a bordo de un vehículo en el barrio de San Antonio del Centro, cabecera municipal de Ixmiquilpan.

De acuerdo con testigos, los sicarios viajaban en una camioneta Explorer negra desde donde dispararon en contra de tres mujeres que estaban en una mueblería en la calle San Antonio. Dos de ellas fallecieron.

Posteriormente el grupo armado se dirigió a la avenida Lázaro Cárdenas donde acribilló a Francisco García, dueño de la mueblería Los sujetos huyeron con rumbo al vecino municipio de El Cardonal. Según se supo, todos los difuntos eran familiares.

Mientras en Chihuahua, el gobierno de la panista María Eugenia Campos Galván acordó continuar con su estrategia de seguridad para combatir el crimen, el cual en las recientes 72 horas sólo dejó una persona muerta en Ciudad Juárez.

Lo anterior durante una reunión convocada por Campos Galván, acompañada del fiscal general, Roberto Fierro, el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya y su Representante de Gobierno, Óscar Ibáñez.

También se definió que, a fin de disuadir y castigar actos de corrupción de las policías, se fortalecerán los órganos de control interno de las administraciones estatal y municipal, y se estableció un compromiso para que gobierno y organismos empresariales se comuniquen con la ciudadanía con veracidad en lo que refiere a asuntos de seguridad.