Al cumplirse un año de la masacre de Camargo, Tamaulipas, en la que fueron asesinadas 19 personas, 16 de ellas migrantes de Guatemala, organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que la fiscalía estatal no ha esclarecido cabalmente estos crímenes, pese a la detención e imputación de varios policías, y la Fiscalía General de la República (FGR) tampoco ha actuado para desarticular las redes criminales detrás de estos hechos.

Han pasado 365 días sin respuestas, sin saber el porqué de la tragedia, cómo ocurrió y quién la ordenó, qué otras autoridades y a qué niveles están involucrados, pero también sin que haya llegado la prometida reparación integral del daño, afirmaron el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fundación para la Justicia y la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica, entre otras.

Refirieron que en Tamaulipas han tenido lugar, por lo menos, cinco de las masacres ocurridas en los últimos años en México contra personas migrantes, sin que se investigue con la debida diligencia y con un enfoque de macrocriminalidad la relación entre autoridades y redes criminales (de narcotráfico, trata y tráfico de personas) que persisten al día de hoy.

Esta falta de investigación y acciones diligentes, subrayaron, han permitido que sigan ocurriendo crímenes atroces, como los de 72 migrantes de San Fernando, en 2010; el hallazgo de fosas clandestinas con los restos de 195 personas, en 2011, así como el de 49 torsos en Cadereyta, en los límites entre Nuevo León y Tamaulipas, en 2012, y la ejecución de 13 migrantes en Güemez, en 2014. A ellos se suman, dijeron, el hallazgo de dos vehículos con 19 cuerpos calcinados en Camargo, el 23 de enero de 2021.

Además, resaltaron que en los últimos años los homicidios en Tamaulipas se sextuplicaron, al pasar de 193 en 2007 a mil 145 entre enero y noviembre de 2021, de acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública.

Ante este panorama, las organizaciones urgieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y a la FGR que se investigue la masacre de Camargo bajo un enfoque de macrocriminalidad, es decir, que no se fraccione la investigación y para ello deberán de acumularse las investigaciones del caso (local y federal), cuyo objetivo sea esclarecer los hechos, la responsabilidad de todos los actores estatales o no y a todos los niveles, así como la intervención del personal del Instituto Nacional de Migración.

A la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Tamaulipas le demandaron que emita un dictamen sobre la reparación integral del daño a favor de cada uno de los familiares de las víctimas.