Zacatecas, Zac., Luego de la ejecución de 10 personas y el abandono de los cuerpos en la plaza de armas de la capital de Zacatecas la madrugada del jueves, la entidad se mantuvo ayer en una inusual calma.

Francisco Murillo Ruiseco, titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Zacatecas, en un video aseguró que con los operativos que se efectuaron en la zona conurbada de la capital del estado y el municipio de Guadalupe, se logró la captura de dos presuntos integrantes del crimen organizado, cuyos nombres no dio a conocer, ni a cual organización pertenecen.

Al respecto, el jueves en la noche, el gobernador David Monreal Ávila confirmó la detención de los presuntos responsables, aunque no dio más información, para no afectar las investigaciones.

El fiscal explicó que se habían realizado siete de las 10 necropsias y en todos los casos, se determinó como causa de muerte asfixia por estrangulamiento, además se presume que los asesinatos se cometieron entre las 2 y las 4 de la madrugada del jueves.

Sepultan 67 cuerpos sin identificar

Por otro lado, personal de la FGJ de Zacatecas, sepultó este viernes en la fosa común a 67 personas que permanecieron durante tres meses en los Servicios Médicos Forenses (Semefos) de las ciudades de Zacatecas y Fresnillo, y no fueron reclamados por sus familiares.

El destino final fue el panteón De la Resurrección, ubicado a un costado de la carretera federal 23, en la salida de la ciudad de Fresnillo a Jerez.

Hasta el 5 de enero, la fiscalía indicó en un comunicado que en las cámaras refrigerantes de los Semefos había en total 178 cadáveres sin identificar, por lo que estaban al límite de su capacidad que es de 200 lugares, pero sólo el jueves 6 de enero, ocurrieron otros 16 homicidios dolosos.

Detalló que de los 67 cadáveres 45 estaban en conservación en el Forense de Zacatecas y 22 en Fresnillo.

Murillo Ruiseco comentó que existen casos de homicidios en que las personas sí son identificadas, pero de igual forma son enviadas a la fosa común, porque sus familiares no los reclaman, para evitar una posible represalia a un hecho de violencia, cuando se presumen son crímenes perpetrados por la delincuencia organizada.