Lima. La fiscalía general de Perú informó ayer que abrió una investigación al presidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de colusión y tráfico de influencias en casos relacionados con contratos de obras de empresas con el Estado.

La indagatoria preliminar es sobre reuniones de Castillo con representantes de empresas en las que se habría gestionado la adjudicación de un contrato para construir un puente en una zona amazónica y otro para la venta de combustible a la estatal Petroperú, indicó un comunicado de la fiscalía difundido en Twitter.

“Se le atribuye al jefe de Estado haber intervenido –indebida e indirectamente– en el proceso de licitación pública para la construcción del puente vehicular”, a fin de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgue la obra a un consorcio privado de construcción, aseveró la fiscalía.

La pesquisa incluye el caso de presunta injerencia en ascensos de oficiales de alto rango de las fuerzas armadas, en el cual Castillo fue interrogado como testigo en diciembre. En este tema, se le atribuyen los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal, agregó.

Las investigaciones ocurren luego de que el procurador general Daniel Soria presentó el 17 de diciembre ante la fiscal general Zoraida Ávalos una denuncia sobre estos casos.

La oficina de prensa de Palacio de Gobierno no estuvo disponible para hacer comentarios.

Castillo, cuya popularidad ha caído tras asumir funciones a finales de julio, ha rechazado las acusaciones en su contra que, afirma, son orquestadas por sus opositores, partidos minoritarios y grupos económicos que no aceptan que ganó las elecciones y por eso quieren sacarlo del poder.

Los presidentes de Perú en ejercicio no pueden ser acusados por la justicia durante su mandato de cinco años, debido a su inmunidad por el cargo, pero sí pueden ser investigados.

El mandatario Castillo superó en diciembre un intento de la oposición en el Congreso unicamaral para someterlo a un juicio político y destituirlo del cargo alegando incapacidad moral para gobernar.