Con la definición de que en México el principal problema de la corrupción es la incapacidad para controlarla, en 2022 se votará y pondrá en marcha el Programa de Implementación de la política nacional en la materia, donde se proponen estrategias para definir protocolos de inteligencia contra este delito, articular una política criminal con enfoque de derechos humanos y de género para su combate, definir un plan de persecución penal, fortalecer a la Fiscalía General de la República y a las de las entidades federativas y constituir un sistema homologado de denuncias.

En el proyecto del Programa de Implementación, elaborado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (Sesna) –y que debe ser validado por el Comité Coordinador de dicho sistema donde participan la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura Federal, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales– se precisa que es un plan a tres años, el cual busca construir una sociedad cimentada en la honradez y donde impere el bienestar colectivo, la transparencia, la honestidad y el respeto absoluto al orden legal.

Reconoce que el eje de las sanciones en la administración pública es por omisión de declaración patrimonial, lo cual refuerza el argumento de la ineficacia de los sistemas de denuncia y de los esquemas de investigación de las instancias de control interno en toda la nación.

Resalta que un bajo porcentaje de empresas cuenta con esquemas anticorrupción y que el país requiere de instituciones y esquemas robustos de fiscalización, auditoría y rendición de cuentas.

Subraya que si bien los sistemas de control y de procuración e impartición de justicia efectivos en materias administrativa y penal permiten detectar y sancionar oportunamente la corrupción y, con ello, evitar o disuadir la reincidencia de estos hechos delictivos en el futuro, el bajo nivel de aplicación de estos mecanismos incentiva que se participe y reincida en estas prácticas. Y resalta que esto se da principalmente por la baja probabilidad de que la corrupción sea detectada, investigada y sancionada.

Indicadores de avances

En total, el proyecto del programa de implementación, que fue aprobado en noviembre por la Sesna tras un proceso de consultas, mesas de trabajo y revisiones, consta de 64 estrategias y 160 acciones que deberán ser implementadas por distintas instituciones. Para cada una de esas estrategias se desarrolló un indicador con el que se pretende medir los avances en el combate a la corrupción y, en caso de ser necesario, hacer adecuaciones al programa.

Propone, entre otras medidas, la elaboración de un diagnóstico penal sobre la incidencia de delitos por hechos de corrupción, el diseño del plan de persecución penal por delitos de hechos en la materia, que incluya mecanismos de gestión y mitigación de riesgos en los procedimientos de procuración de justicia, considerando un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

También pretende impulsar la generación de capacitaciones en las fiscalías en materia de protocolos y lineamientos de política criminal y expresa que se promoverá la creación de un modelo de evaluación del desempeño de las instancias responsables de la investigación, substanciación, determinación, resolución y sanción de las faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción.

El programa también se propone consolidar un Modelo de Evaluación y Seguimiento de la Anticorrupción y la Integridad que permita integrar y homologar los esfuerzos de las políticas, programas e instituciones en el ámbito de los sistemas nacional y estatales anticorrupción. Este modelo incluirá un plan de evaluación de la Política Nacional Anticorrupción y el gasto público en materia de combate a la corrupción.

El plan es que los resultados derivados de una implementación flexible y sujeta a mejora continua contribuyan con elementos claros para elevar la percepción ciudadana sobre el combate a la corrupción.