“Queremos exponer una preocupación. De antemano queremos dejar en claro que nosotros apoyamos al presidente de la república, al compañero López Obrador, y también apoyamos sus proyectos. Definitivamente nuestra comunidad verá un cambio importante con la llegada de este importante proyecto. Sin embargo, también es importante ver qué pasará sobre la continuidad de estos proyectos ¿El siguiente presidente que llegué los respetará? ¿Intentará dar continuidad o se dedicará a privatizar otra vez este tipo de avances? ¡No lo sabemos! Por eso queremos tener certezas de que esto no nos perjudique en un futuro. Hablamos desde la experiencia; nosotros no inventamos nada. Si es el Banco del Bienestar, está bien, pero ¿qué pasa si, en un futuro, se privatiza el banco y nos ponen otro banco particular? No queremos eso.”
Esto comentaba el Comisario Municipal de la comunidad de Yoloxóchitl, núcleo agrario perteneciente al municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, en la región de la Costa Chica, zona también conocida como “Costa-Montaña” por su particular condición climática y de producción agrícola. Esto se dice durante el desarrollo de una Asamblea de Bienes Comunales en la que comuneras y comuneros darán su aprobación para comenzar el proceso de regularización del predio donde ya se encuentra edificada una de las sucursales del Banco de Bienestar. Dicha acción permitirá que uno de los programas estrella del actual gobierno se haga de la propiedad de predios que todavía se encuentran en tierras de propiedad social.
El presidente de la República indiscutiblemente tiene una presencia fuerte en el estado y, más, en la región. Sus incontables visitas desde que apareció en la escena pública ha delineado un vínculo entre la gente y él. No hay duda de ello. Con su llegada al poder, un amplio porcentaje de la población se ha volcado para apoyar y materializar los proyectos que dan forma a su gobierno, de distintas maneras y con mecanismos variados. Uno de ellos tiene que ver con el régimen de la tierra.
Pongamos un ejemplo: dentro del régimen ejidal, el núcleo agrario de Cuajinicuilapa, perteneciente al municipio del mismo nombre, también ubicado en la región de la Costa Chica, y que es limítrofe con el estado de Oaxaca, donó una superficie de tres hectáreas para que se construyera un cuartel de la Guardia Nacional, a orilla de la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional.
Estas acciones y hechos no son menores. En varias partes del estado y de otros en el país, reivindican su apoyo al actual gobierno no solamente en votos o en proselitismo, que son y seguirán siendo tema de debate, sino en acciones concretas a gran escala para que los proyectos federales de la autodenominada Cuarta Transformación tengan un lugar, incluso, con certezas jurídicas.
Ante ello, cabe resaltar uno de los diálogos que se mencionan al principio, por ser una preocupación genuina; hasta podría decirse, una preocupación empírica, que abre varios frentes de la discusión pública y que todavía no permea en la actualidad.
Si bien este tipo de hechos también son novedosos y no tienen tanto impacto en la atmósfera pública (menos en la de las redes sociales digitales), estamos hablando de algo que no es menor. Estamos siendo testigos de lo que significa aterrizar tres elementos importantes en la actualidad: la aprobación, la donación y la anuencia de un predio para un proyecto estratégico.
La asamblea de comuneras y comuneros de Yoloxóchitl, formalizando su aprobación, podía pensarse en que daría marcha atrás a sus intenciones, debido a la preocupación que legítimamente expresaron sobre la continuidad de estos proyectos. Pero no nada más son los proyectos que se comienzan a reflejar con edificaciones y la visibilidad de sus mecanismos, sino la continuidad de los programas del actual presidente de la república lo que les genera dudas.
Al final, por decisión unánime, con opiniones diversas, pero con una organización consolidada, y con una votación, como lo establece la actual Ley Agraria, la comunidad dio su aval para continuar con el proyecto.
La población Tu’un Savi de Yoloxóchitl, a través de sus comuneros, no sólo aprobó darle al Banco de Bienestar la propiedad del predio, sino enfatizó que no permitirá que este tipo de proyectos que benefician al pueblo se pierdan en el corto, medio y largo plazo. •