El pasado 28 de septiembre se dio a conocer a la sociedad mexicana el “Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui”. La presentación fue hecha por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en Vícam Pueblo, que es la cabecera de los otros siete pueblos fundamentales de los yaquis: Cócorit, Bácum, Tórim, Pótam, Rahum, Huirivis y Belén, fundados en el siglo XVII por los jesuitas, en lo que actualmente es el estado de Sonora.
Esta “tribu” o nación indígena del noroeste, experimentó una guerra genocida entre 1870 y 1908. Además, sufrió en diferentes momentos de su historia el despojo de su tierra y del agua que siempre les ha pertenecido. Los agravios que ha enfrentado este pueblo a causa de las políticas de diferentes gobiernos estatales y federales, así como el trato racista y discriminatorio que han sufrido por parte de las élites sonorenses, han quedado grabados en la memoria de las actuales generaciones que no han renunciado a la defensa de sus recursos naturales y su cultura.
Con la elaboración y puesta en marcha del Plan de Justicia, el Gobierno de México está implementando diversas estrategias para resolver las problemáticas y los agravios más sentidos por el pueblo yaqui a lo largo de su historia. El documento de 245 páginas que contiene este Plan, tiene tras de sí un intenso trabajo entre las autoridades tradicionales históricas de la tribu yaqui (yoeme) y un conjunto de dependencias del gobierno federal, como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Bienestar, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional, Comisión Nacional del Agua y el Fondo Nacional de Fomento Ejidal, entre otras. Este conjunto de instituciones conforma la “Comisión Presidencial de Justicia para el Pueblo Yaqui”, cuyo presidente honorario es el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador.
El proceso mediante el cual se elaboró este Plan de Justicia es algo inédito en la construcción de políticas públicas relacionadas con los pueblos indígenas. Además de que se hizo desde la confluencia articulada y complementaria de ese conjunto de instituciones del gobierno federal agrupadas en dicha Comisión Presidencial, partió de un diagnóstico participativo con pertinencia cultural en el que se involucró la población yoeme junto con sus autoridades tradicionales. Mediante este trabajo se identificaron las principales problemáticas en relación con la tierra y el territorio, agua, educación, infraestructura, salud y medicina tradicional, cultura, producción agrícola y pesquera, organización y gobierno tradicional del pueblo yaqui.
Una vez que se identificaron las problemáticas y las necesidades compartidas por los y las integrantes de la yoemia, se construyeron colectivamente los planes de acción y los proyectos para enfrentarlas mediante 78 reuniones con las Autoridades Tradicionales. Este arduo y no siempre terso proceso ha durado hasta el momento poco más de dos años y se extenderá por lo menos hasta que concluya el sexenio.
En relación a la tierra, tres de los acuerdos más importantes ente el gobierno de la 4T y el pueblo yaqui que se desprenden del Plan de Justicia, son los siguientes: a) el compromiso de resarcir al pueblo Yaqui más de 20 mil hectáreas que no fueron respetadas por el gobierno de Ernesto Zedillo a partir del Decreto de 1940, emitido por Lázaro Cárdenas, b) incorporar al patrimonio Yaqui la superficie de tierras nacionales que la autoridad competente encuentre en las inmediaciones del territorio de la “tribu” y c) regularizar aproximadamente 8,800 hectáreas que tienen actualmente en posesión.
Respecto al agua, el Gobierno de México reconoce el derecho del pueblo yaqui a usar, disponer y aprovechar el 50% del agua del Río Yaqui, según lo establecen los decretos presidenciales emitidos por Cárdenas en 1937 y 1940. Para resolver la problemática relacionada con el agua para uso doméstico, se acordó construir el “Acueducto Yaqui”, con su respectiva planta potabilizadora, que llevará el líquido desde la Presa Álvaro Obregón hasta las Guásimas. De allí se distribuirá a los ocho pueblos tradicionales y a las comunidades que los conforman. Esta obra, que deberá estar concluida en diciembre de 2023, tendrá una longitud de 158 km y desplazará un volumen de 9 millones de metros cúbicos de agua. Además, se emitió ya el Decreto de Creación del Distrito de Riego No 018, cuyo titular será el pueblo yaqui, con una superficie total de 126 mil 259 hectáreas, una superficie irrigable de 61 mil 223 hectáreas y un volumen de agua de 673 millones de metros cúbicos. Además de estas dos grandes acciones, ya se trabaja en la instalación de garrafoneras en los ocho pueblos tradicionales, se está reparando la línea de conducción de agua potable en la comunidad de Huírivis, se ha iniciado la rehabilitación del sistema de agua potable en la colonia Casas Blancas de Vícam Pueblo y se han emprendido acciones de rehabilitación ecológica de 404.83 hectáreas de suelos salinos.
En materia de educación, la SEP y el INPI, en conjunto con las Autoridades Tradicionales, acordaron elaborar e instrumentar un “Modelo Educativo Integral Yaqui” que atienda su cultura, conocimiento y cosmovisión en todos los niveles y modalidades. Se incluye la creación de un Bachillerato Intercultural Comunitario, así como la Universidad del Pueblo Yaqui (ya en proceso de construcción), que iniciará con las siguientes carreras: licenciaturas en Educación Comunitaria, Indígena e Intercultural, en Salud y Medicina Comunitaria y en Derechos Indígenas, así como una Ingeniería en Procesos de Producción Sustentable y Economía Social Comunitaria.
En cuestión de salud, el IMSS ha iniciado ya la construcción de un Hospital Rural de Segundo Nivel en la comunidad de Vícam Switch, que tendrá 20 camas y 4 especialidades, así como la construcción, rehabilitación y equipamiento de 6 Unidades Médicas Rurales en el territorio yaqui. Estas instituciones trabajarán bajo un modelo de atención con pertinencia cultural y lingüística, sin discriminación y a partir del respeto y la recuperación de la medicina tradicional.
En materia cultural se está trabajando ya en acciones orientadas al fortalecimiento, rescate y revitalización de la lengua yaqui, la espiritualidad, los ciclos y fiestas tradicionales, lugares y objetos sagrados, así como la memoria histórica. Uno de los proyectos culturales más importantes consiste en la construcción y operación de la Radiodifusora Cultural Indígena “La Voz del Río Yaqui”, que ya ha obtenido autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
En infraestructura, como parte del Plan de Justicia se están desarrollando 1,722 acciones de vivienda bajo un modelo participativo, 38 obras de mejoramiento de espacios públicos, introducción y ampliación de infraestructura eléctrica en 13 comunidades, reconstrucción de caminos, pavimentación de carreteras y la construcción de dos sucursales del Banco de Bienestar en Vícam y Pótam.
En el ámbito de la producción, la SADER implementa ya, en el marco del Plan de Justicia, un “Proyecto Estratégico: Desarrollo Agropecuario y Acuícola-Pesquero para la Justicia al Pueblo Yaqui”, que considera subsidios a la producción agrícola, acceso a créditos, apoyo a la ganadería, sustitución de 85 motores y embarcaciones, así como cobertura total por parte del programa Bienpesca para los integrantes de la Cooperativa de Producción Pesquera “Comunidades Yaquis” S.C.L., así como muchas otras acciones para fortalecer la autosuficiencia alimentaria y la disminución progresiva de los agrotóxicos.
El Plan de Justicia considera también una serie de proyectos en materia ambiental y para fortalecer el gobierno y la organización tradicional. Para su realización, se está ejerciendo una inversión histórica de 11 mil 600 millones de pesos.
El pueblo yaqui es famoso por su carácter indómito, rebelde y siempre insumiso frente a toda forma de imposición. Quienes ahora afirman que el actual gobierno se impuso sobre la yoemia en la elaboración de este Plan de Justicia, no conocen realmente a los yaquis, pues ignoran que ellos nunca, jamás aceptarían un convenio con el gobierno en el que no estuvieran plenamente de acuerdo, aunque tengan sus reservas, su eterna desconfianza al poder estatal.
El “Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui”, que como hemos visto, no se reduce a pedirle perdón por los agravios del pasado, podrá y deberá ser actualizado, pero es justo reconocer que se trata de una manera muy otra de construir una nueva relación con esta “tribu” originaria que ha resistido y peleado a través de los siglos para defender su cultura y su territorio, pues responde a demandas históricas que los gobiernos neoliberales habían ignorado. Afortunadamente, hoy soplan vientos de cambio que nos orientan en este caminar hacia la paz con justicia y dignidad. •