Madrid. Casi 80 mil 500 desapariciones forzadas fueron contabilizadas en Colombia desde 1958 hasta 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), reportó el Colectivo Orlando Fals Borda.

De estas desapariciones, 8 mil 288 corresponden a la región de Los Llanos Orientales, que abarca los departamentos de Meta, Guaviare y Casanare, según la organización, que pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrir un macrocaso para esta zona con énfasis en la situación territorial y con la presunta responsabilidad de agentes de Estado y grupos paramilitares.

El departamento del Meta es el segundo que registra más víctimas de desaparición forzada en el país, con 5 mil 280 víctimas; le siguen los departamentos del Guaviare, con mil 794, y del Casanare, con mil 215, detalló Carolina Hoyos, vocera del colectivo, citada por la radio pública colombiana RNC.

En el informe Resistencia al olvido y a la impunidad, el Colectivo Orlando Fals Borda y la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria analizan 130 de estos casos. Destacan que la etapa con mayores índices de desapariciones forzadas en estos tres departamentos fue entre 2000 y 2009.

El informe señala a más de seis batallones militares y a grupos paramilitares, principalmente los Bloques Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia y las Autodefensas Campesinas del Casanare.

La JEP es el sistema de justicia extraordinario instaurado a raíz del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC en 2016.

Un panfleto del grupo paramilitar Águilas Negras, publicado por la diputada María José Pizarro, amenazó a 20 políticos, entre ellos a los aspirantes a la presidencia Francia Márquez y Gustavo Petro, así como a organizaciones de víctimas de la violencia, políticos opositores y periodistas en Colombia.

Los paramilitares aseguran que evitarán que terroristas y narcotraficantes disfrazados con corbatas lleguen a ocupar cargos públicos.

La amenaza fue publicada en víspera de las elecciones de este domingo a los Consejos de Juventud, en las que personas de 14 a 28 años podrán elegir, por voto popular, a sus representantes y en precampaña para las elecciones de 2022.

Entre los amenazados figuran el ex presidente Juan Manuel Santos; el ex diputado Alirio Uribe, de Polo Democrático; la ex combatiente y ahora senadora por el Partido Comunes Victoria Sandino; la concejal Heidi Sánchez, de Colombia Humana, y la diputada Pizarro, de Decentes. Además, Ariel Ávila, periodista y candidato al Senado por Alianza Verde; el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.