Domingo 5 de diciembre de 2021, p. 29
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) solicitará al Poder Judicial que se reagende para antes del 7 de marzo de 2022 la audiencia de imputación en contra de 10 servidores públicos, personas físicas y representantes legales como presuntos responsables del colapso de una trabe entre las estaciones Tezonco y Olivos de la línea 12 del Metro, la noche del 3 de mayo, donde perecieron 26 personas.
Ello, con el propósito de que la impartición de justicia sea pronta y expedita, refirió la dependencia, y defendió la confidencialidad del acuerdo entre el gobierno local y representantes de la empresa Carso Infraestructura y Construcción SA para la reparación del daño, el cual no formará parte de la carpeta de investigación de 59 tomos.
En alusión al ex director de Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, y su abogado, Gabriel Regino, reveló que el juez de control recibió de una de las defensas la solicitud de suspensión del proceso judicial y que su representado se beneficiara del acuerdo reparatorio.
Los representantes legales de las víctimas, añadió, “alegaron que dicho acuerdo favorecía a todos los imputados, solicitaron el recurso de revocación para obtener copia del acuerdo reparatorio y pidieron que se impusiera una multa al Ministerio Público por incumplimiento.
Sin embargo, todo lo anterior les fue negado por el juez, quien señaló que el Ministerio Público había cumplido con su mandato y ordenó que no se integre a la carpeta dicho acuerdo, así como que se mantenga su confidencialidad.
Apuntó que no ha solicitado órdenes de aprehensión contra ninguno de los señalados porque se ha cuidado el debido proceso y se han celebrado diversas reuniones bilaterales con las partes y sus defensas para construir acuerdos
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Por la mañana, al manifestar su desacuerdo por el nuevo aplazamiento de la audiencia, la fiscal Ernestina Godoy afirmó que es inviable la petición de la defensa de las víctimas de dar a conocer el acuerdo compensatorio que se convino con la empresa Carso, pues hay una regulación que establece que sólo es entre las partes y no puede ser utilizado para un juicio, como tampoco puede beneficiar a terceros.