uién sabe qué prisa llevaba, pero el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se adelantó a divulgar el acuerdo tripartita alcanzado en el seno del Consejo de Representantes (gobierno, trabajadores y patrones) de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, algo que oficialmente corresponde a esta última institución. De cualquier suerte, el anuncio del presuroso organismo cupular sólo confirmó lo que de días atrás se daba como un hecho: en 2022, el mini-ingreso aumentará 22 por ciento con respecto al nivel vigente en 2021.

De acuerdo con el CCE, ese 22 por ciento de aumento se traduce así: en 2022, el salario mínimo general será de 172.87 pesos por jornada laboral de ocho horas (alrededor de 5 mil 190 mensuales), mientras en la zona libre de la frontera norte se pagarán 260.34 pesos (cerca de 7 mil 810 por mes).

El organismo empresarial detalló el acuerdo tripartito: el incremento salarial se compone de 9 por ciento de aumento más un monto independiente de recuperación en ambas zonas, el cual “se reflejará en una mejora real en el poder adquisitivo de las y los trabajadores. Con ello, el salario mínimo general de la zona libre de la frontera norte llegará a cubrir 112 por ciento de la línea de bienestar familiar y 74 por ciento en el caso del salario mínimo general en el resto del país.

Resulta paradójico que un organismo como el CCE diga que con estas acciones reafirma su compromiso social, cuando en el régimen neoliberal no hizo otra cosa (obvio que en connivencia con el gobierno en turno) que abaratar a grado sumo la mano de obra y precarizar el empleo al extremo. Pero bueno, tenía ganas de divulgar la noticia.

En el balance, y ya con el aumento consensuado por el Consejo de Representantes para 2022, a lo largo de la presente administración el salario mínimo general acumula un aumento de 95 por ciento en términos nominales y de 141.5 por ciento en el caso del aplicable en la zona libre de la frontera norte. La inflación oficial en el periodo (diciembre de 2018-octubre de 2021) ha sido de 12.17 por ciento.

Ahora se puede decir que el salario mínimo que se paga en México ya no es el menor de América Latina, aunque tampoco se puede presumir que sea uno de los mejores de la patria grande. Sin duda, hay que hacer un enorme esfuerzo por recuperar el poder adquisitivo de los salarios que destrozó el régimen neoliberal, y si bien falta camino por recorrer, lo bueno es que ya comenzó la caminata.

Para dimensionar de qué se trata esa pérdida de poder adquisitivo, sirva de ejemplo que en el primer año de Miguel de la Madrid en Los Pinos se autorizaron dos aumentos al salario mínimo general (promedio de las tres zonas en que se dividía el territorio nacional para tales efectos) que totalizaron 40 por ciento. Sin embargo, en 1983 la inflación oficial fue de 64 por ciento, de tal suerte que los incrementos en realidad eran pérdida real de poder adquisitivo.

Esa dinámica se mantuvo en todo el sexenio de Miguel de la Madrid, periodo en que los aumentos acumulados al salario mínimo fueron de 2 mil 279 por ciento y la inflación de 3 mil 583 por ciento. Pérdida garantizada. Y en el mismo sentido actuaron los cinco inquilinos de Los Pinos que lo sucedieron, con el resultado por todos conocido y padecido: destrozaron el ingreso de los mexicanos.

Las rebanadas del pastel

Algunos pensaron que con la llegada de Alfonso Durazo al gobierno de Sonora las cosas serían distintas, que atrás quedaría el modelo de complicidades que sólo beneficia a unos cuantos, a los de hasta mero arriba, la colusión impune de empresarios corruptos, sindicatos (blancos) al servicio de los patrones y funcionarios públicos que actúan como cómplices (él mismo dixit), el trato privilegiado a la minoría rapaz que del estado ha hecho su paraíso, con el tóxico Germán Larrea y su Grupo México a la cabeza (de quienes decía, antes de ocupar el puesto, que han comprado la voluntad y el silencio de autoridades municipales, estatales y federales para hacer prácticamente lo que le venga en gana con Cananea y Sonora). Pero no pasó de simple suposición, porque en menos de tres meses de estancia en Palacio de Gobierno, el ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana procede igual que sus antecesores, a quienes tanto criticó por actuar como ahora él lo hace. ¿Y Larrea? Impune, muerto de la risa, acumulando contratos públicos (como el Tren Maya) e hinchándose de dinero.

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