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Acuerdo presidencial en apoyo a los proyectos prioritarios
A

toda gran transformación, o cambio, siempre se le presentan obstáculos por los intereses mezquinos y egoístas de personas que se benefician con dinámicas injustas, hasta perversas en muchos casos. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha entablado una larga vida de lucha por la dignidad y la justicia. No es un esfuerzo de los últimos tres años, sino un sacrificio de décadas desde muy pequeño y desde su incursión en el ámbito público como funcionario del Instituto Indigenista en Tabasco.

El pasado 22 de noviembre, el Presidente de la República emitió el acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la administración pública federal darle atención prioritaria a los proyectos de envergadura nacional y de importancia estratégica para el país. Esto se hace en atención de la importancia primordial que tienen los mismos en nuestro bienestar colectivo y seguridad nacional.

De este decreto surgió gran cantidad de desinformación en los medios comunicación tradicionales y en las voces de algunos políticos y legisladores conservadores con demasiados intereses creados que de mala fe o por ignorancia pretenden cambiar el sentido y los objetivos del acuerdo presidencial. Primero, mienten cuando hablan de que se emitió un decreto, dado que los decretos contienen elementos distintos a los acuerdos. Hablan de que por este medio el Presidente busca no transparentar los gastos de las obras; otra falsedad dado que todo gasto será sujeto de auditorías y del escrutinio público. Mencionan que se militarizan las obras. Nada más falso, ya que en el acuerdo ni siquiera se menciona a las fuerzas armadas.

Por toda esta desinformación, veo muy necesario explicar los elementos del acuerdo emitido hace poco más de una semana. Esta propuesta, de una sola página, lo que establece es la obligación de las instancias de gobierno de otorgar un permiso provisional en el plazo máximo de cinco días hábiles, en caso de que la autoridad responsable de emitir el permiso no se pronuncie. Es decir, se le da celeridad para que los proyectos puedan avanzar en tiempo y forma, sin que se entorpezca su progreso por ambiciones contrarias a las necesidades de modernización de México.

El que dicha autorización provisional se tenga que otorgar en de los cinco días hábiles posteriores a que se presente la solicitud correspondiente, no exime que las instancias encargadas de los proyectos no tengan que obtener la autorización definitiva. Ésta tendrá que obtenerse en máximo un año después de que se otorgue el permiso provisional, que sólo tendrá efectos por 12 meses.

En otras palabras, lo que este acuerdo conciso y fundamentado en el artículo 26 de nuestra Constitución Política busca, es justamente evitar que los intereses adversos a la nación y la burocracia tramitológica entorpezcan la ejecución de estos proyectos tan necesarios para el bienestar nacional. No tiene absolutamente nada que ver con la opacidad en el uso de los recursos o con militarizar alguna cuestión.

Es importante que como ciudadanos estemos muy atentos a los asuntos públicos y no dejarnos llevar por algunos medios de comunicación que tienen sus propios intereses y buscan desinformar y generar miedo. Hay que buscar las fuentes primarias; los invito a que acudan a la página oficial del Diario Oficial de la Federación en la liga www.dof.gob.mx e ingresen la fecha 22 de noviembre de 2021 para que puedan consultar el acuerdo, el contenido y los alcances verdaderos plasmados en esta importante decisión.

El movimiento que encabeza el presidente López Obrador, y del que con mucho orgullo formo parte, tiene como miras transformar un México que estaba trágicamente hundido en la corrupción, en la desigualdad y la pobreza. Busca eliminar los abusos de ciertas clases privilegiadas en detrimento de las mayorías. Todos sabíamos que no iba a ser fácil y que iba a presentarse una resistencia férrea por aquellos que se beneficiaban con el antiguo régimen, los cuales se resisten a dejar sus privilegios acumulados gracias al tráfico de influencias y los abusos de poder que frecuentemente se cometían en detrimento del bienestar de la mayoría de la población.

Es nuestro deber seguir avanzando, a pesar de la resistencia que oponen algunos poderosos que no quieren aceptar que el poder económico ya no está por encima del poder político.

Esta transformación tomará tiempo en arraigarse, pero ­seguiremos empujando todos los días por la justicia, el respeto y la dignidad, conscientes que obtendremos la victoria final.