La investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) por el colapso de una trabe en la línea 12 del Metro se sostiene en peritajes que llevaron a una conclusión científicamente irrefutable sobre la causa del incidente, afirmó ante legisladores del Congreso capitalino su titular Ernestina Godoy.

Durante una mesa de trabajo como parte del proceso de análisis para dictaminar el Presupuesto de Egresos 2022, señaló que el asunto ya está en manos del Poder Judicial, que en dos días empezará las audiencias correspondientes para determinar si hay responsabilidades de servidores públicos, empresas y personas, así como de qué tipo.

Al responder a preguntas de los legisladores sobre el tema, Godoy explicó que para garantizar el derecho a la verdad sobre el incidente –que dejó 26 personas fallecidas–, la FGJ se concentró en dos elementos importantes: una investigación documental minuciosa, exhaustiva, profesional y muy seria en todos los archivos del programa de la línea 12, así como un peritaje que nos permitiera tener una opinión irrefutable científicamente. A eso nos dedicamos cinco meses.

Agregó que se puso también empeño en el tema de la reparación del daño para las víctimas directas e indirectas, en quienes reconoció su disposición de aceptar mecanismos alternativos resarcitorios, así como en la rehabilitación material del tramo que da el servicio que requiere la población de la zona oriente y que está próxima a empezar.

Ante integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, informó que el banco de ADN está en etapa de certificación y acreditación, con lo que comenzará a funcionar en el primer trimestre de 2022, y anunció que contendrá información de agresores sexuales y con capacidad para albergar los perfiles genéticos de familiares de personas no localizadas o desaparecidas.

Para su operación y funcionamiento requerirá de recursos que tendremos que ir buscando, pues tan sólo cada reactivo para obtener un perfil genético cuesta 7 mil 500 pesos.

Advirtió que la dependencia requerirá un presupuesto superior a los 7 mil 200 millones de techo asignado, por lo que hizo un llamado a los legisladores a solidarizarse con la procuración de justicia y considerar una reasignación de recursos del Congreso capitalino para la Fiscalía.