uevas imágenes divulgadas en días recientes refuerzan lo ya sabido: la impunidad total con que actúan mineros ilegales en la región amazónica, inclusive en áreas consideradas reservas ambientales y territorios reservados de comunidades indígenas, crece cada vez más.

Ahora son centenares los barcos anclados en aguas del río Madeira, a unos 115 kilómetros de Manaos, capital del estado de Amazonas, todos dedicados a buscar oro.

Llegaron hace poco más de 15 días y se instalaron. La extracción de minerales está prohibida en la región, pero operan sin que nadie los moleste.

Además de ilegal, la minería conlleva un riesgo mayor para la población: contaminación por mercurio. Los mineros revuelven el fondo del río, filtran para buscar oro y luego devuelven al caudal el agua contaminada.

Especialistas dicen que, pese al impacto provocado por las imágenes, la minería en aguas del río Madeira es menos destructora que las invasiones de reservas indígenas.

Las invasiones de los territorios del pueblo Yanomami, tanto en el estado de Amazonas como en el vecino Roraima, por ejemplo, se dan por bandos organizados que llegan en aviones y helicópteros, disponen de equipos caros, pero eso no les importa porque cuentan con respaldo financiero de narcotraficantes y con la inercia del gobierno, cuando no el incentivo, para actuar impunemente.

El miércoles anterior, cuando las actividades en las aguas del Madeira ya cumplían dos semanas, las autoridades decidieron abrir una investigación. Al día siguiente el vicepresidente Hamilton Mourão, general en retiro, anunció que la Policía Federal y la Marina se preparan para actuar. ¿Cuándo?, no dijo.

Se trata de otro avance en la degradación ambiental desatada bajo el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro. Como consecuencia inmediata, vendrán más presiones y crecerá el aislamiento de Brasil en el escenario internacional.

El jueves pasado el embajador alemán en Brasilia, Heiko Tohms, alertó que el nuevo gobierno de su país, encabezado por Olaf Scholz, dará mayor énfasis al tema ambiental. De paso, destacó que recibió, de parte del gobierno de Bolsonaro, informaciones equivocadas –diplomáticamente evitó la palabra correcta, mentirosas– sobre el avance de la tala en la Amazonia.

En reuniones con integrantes del gobierno, fue informado de que la deforestación había retrocedido 5 por ciento entre agosto de 2020 y julio de 2021. En realidad aumentó 22 por ciento. Expresó que fue una gran sorpresa negativa.

A propósito de esos datos, conviene recordar que estaban publicados y disponibles desde el 27 de octubre, cuatro días antes del inicio de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático realizada en Glasgow. Otra de las manipulaciones de Bolsonaro y compañía: fueron publicados sólo cuatro días después del cierre de la reunión.

El incremento de 22 por ciento permitió el cálculo de lo que ocurrió entre agosto de 2020 y julio pasado: la tala de al menos 745 millones de árboles, lo que significa 13 mil 235 kilómetros cuadrados, un área equivalente a 10 veces la Ciudad de México.

Desde el primero de enero de 2019, cuando Jair Bolsonaro llegó a la presidencia, fueron talados –¡ojo!– mil 900 millones de árboles.

Pero el ultraderechista insiste en disminuir el tamaño de la tragedia y sus consecuencias no sólo para el medioambiente, sino también para la imagen de Brasil, cada vez más desgastada, en el escenario global.

Mientras la Amazonia se desangra frente a los ojos del mundo, su gobierno oscila entre la inercia y el incentivo a las agresiones contra las reservas indígenas, invadidas con voracidad creciente.

Con la llegada de Michel Temer a la presidencia en 2016, luego de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, la legislación ambiental brasileña, considerada una de las más avanzadas del mundo, empezó a sufrir recortes presupuestarios y desinterés para ser aplicada.

Pero no hay antecedentes de un gobierno tan destructor, tan anti-protección ambiental, como el actual.

El ultraderechista trata de defenderse a los ojos del mundo, trata de convencer que lo que ocurre no ocurre. Esfuerzo inútil.

El país sufrirá consecuencias graves. Ahora mismo la Unión Europea anuncia medidas duras que podrán ser implementadas ya en el primer semestre de 2022, e irán restringir o impedir, según el caso, productos cuyo origen esté en la floresta.

El foco de tales medidas está en materias primas de países responsables por deforestación y degradación ambiental. Alcanzarán parte substancial de las exportaciones brasileñas, en especial soja, carne, madera, cacao, entre otros.

Por sus dimensiones territoriales, y por el tamaño de la devastación que padece, Brasil está en el centro de la atención mundial.

Por el volumen de sus exportaciones, estará en el centro de las medidas que podrán ser adoptadas por la Unión Europea.

El precio de todo eso no caerá sobre los hombros del gobierno, sino de los 213 millones de brasileños.