Chihuahua, Chih., Tres agricultores, quienes fueron detenidos por la Guardia Nacional (GN) el 8 de septiembre de 2020 luego de que participaron en la toma de la presa La Boquilla, obtuvieron su libertad porque la Fiscalía General de la República (FGR) desistió de acusarlos del delito de acopio de armas de fuego y recibieron sentencia sólo por posesión de cartuchos, así como por obtención de uniformes del Ejército Mexicano.

Dicha decisión fue derivada de un convenio entre el gobierno de Chihuahua y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez, originarios del municipio La Cruz, purgarán una sentencia de dos años con tres meses en libertad condicional, pues los dos cargos que actualmente se les imputan no se consideran graves, informó el abogado defensor Maclovio Murillo Chávez.

Los campesinos, quienes estaban presos desde el 9 de septiembre del año pasado en la Unidad de Bajo Riesgo de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales de Chihuahua, abandonaron el lugar la madrugada de ayer, después de una audiencia fijada de última hora, en la que la FGR desistió de actualizar el delito citado y un juez de control del Poder Judicial federal ordenó su liberación.

Bajo la causa penal 186/2020 se demostró que se apropiaron de 18 latas de gas lacrimógeno pertenecientes a la GN durante una manifestación violenta contra el trasvase de agua de la presa La Boquilla al Río Bravo, que se realiza para cumplir con el Tratado Internacional de Aguas de 1944 firmado entre México y los Estados Unidos.

El 22 de octubre pasado, quienes formaron parte de esta protesta fueron convocados por la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván, para efectuar la firma de un acuerdo en el que se estableció que los inconformes entregarían dicha instalación al gobierno federal, a cambio de que la Secretaría de Gobernación gestionara liberar a cuatro detenidos.

El ingeniero Andrés Valles Valles continúa recluido en la prisión del municipio de Aquiles Serdán, acusado de ser instigador de los actos de violencia que se perpetraron contra oficinas públicas, así como del bloqueo de vías de ferrocarril y carreteras federales.

Según declaraciones que hizo la mandataria estatal hace más de un mes, entre las medidas conciliatorias también se contempla la entrega de al menos 500 millones de pesos de recursos federales para la tecnificación de sistemas de riego.