La transición del TLCAN al T-MEC

El Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN) como una ideología imperante, exclusiva e individualizada, defendida por ideólogos neoliberales por encima de la Constitución Política y la legislación mexicana; que incluyó por primera vez al sector agroalimentario en la liberalización comercial, dejando a la producción de alimentos mexicanos al amparo de la oferta y demanda; el establecimiento de las ventajas comparativas y competitivas; y la productividad y competitividad fueron los ejes centrales del funcionamiento del sector productivo nacional durante las décadas que estuvo vigente este tratado comercial. Para lograr la puesta en marcha del TLCAN, se pensó en la salida de población de las zonas rurales que deberían insertarse a las maquilas urbanas; la especialización productiva del campo mexicano en frutas, flores y hortalizas; el incremento de las exportaciones; la entrada de dólares producto del intercambio de mercancías; la modificación del marco de derecho para lograr certidumbre en la tenencia de la tierra para atraer inversiones extranjeras; y el crecimiento económico del sector agroalimentario mexicano.

Con el tiempo se pensó que el Tratado de Libre Comercio era la política pública central que permitiría impulsar el crecimiento económico del sector o los sectores, el incremento del empleo y la eliminación de la pobreza. Para ello, pensaron los cuadros burocráticos de los organismos empresariales como voceros de los empresarios en cuestión, que se deberían centrar los apoyos gubernamentales en los productores que competían con los granjeros estadounidenses, que los pequeños y medianos productores improductivos en sí mismos porque no concurrían al mercado, deberían recibir apoyos económicos asistenciales (otorgados por la Secretaría de Desarrollo Social). Con las bases programáticas planteadas, el modelo económico delimitado y el ejercicio presupuestal repartido, los resultados se mostraron al transcurrir de las décadas: distorsión de los mercados; concentración de subsidios en los grandes productores; estancamiento de la producción de alimentos; las ventajas comparativas y competitivas como falsas salidas en la producción de alimentos; estancamiento del crecimiento del PIB agroalimentario; control de las grandes empresas agroalimentarias en las decisiones gubernamentales.

Este discurso puso de manifiesto el establecimiento de una política productiva centrada en los más productivos, que deberían ejercer el presupuesto rural y una producción enfocada en alimentos de calidad para el mercado exterior. Sí, el TLCAN resultó en un sector agroalimentario en crisis, que hace pensar entonces que el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), promulgado el 28 de junio del 2020 y que lejos de excluir el sector agroalimentario del mismo, amplió los ámbitos de aplicación al incluir la biotecnología agrícola, las restricciones a las exportaciones por motivos de seguridad alimentaria, comercio digital y los derechos de propiedad intelectual entre diversos temas que habían sido excluidos del TLCAN por la antigüedad del tratado y por los temores de los tres países establecer una modificación al mismo, dado que se podían perder los “resultados positivos alcanzados en el Acuerdo implementado en 1994”.

La diferencia radica en el rescate del Estado-Nación como garante de políticas públicas que buscan restablecer la justicia social, con un T-MEC como herramienta y detonante de sectores productivos (evitando ser una política doctrinaria que debe ser modificada cuando daña a las mayorías) y con una política programática enfocada en los pequeños y medianos productores como alternativa para evitar la migración, impulsar el desarrollo productivo en las regiones y centrada en los indígenas y las zonas y municipios donde el neoliberalismo generó pobreza.

Pero esta visión lejos de ser considerada un ejercicio para lograr el beneficio de las mayorías, sigue estando amenazada por un sector de la población que sigue pensando aun después de la crisis sanitaria vivida en los años 2020 y 2021, que las ventajas comparativas, la liberalización comercial, la política presupuestal centrada en las grandes empresas y la privatización de los bienes del Estado son el único detonandor del desarrollo económico y generador de empleo. Ese sector que sigue pensando que el gobierno actual no sabe lo que hace, que defiende que la mejor planeación es la NO planeación y que sigue argumentado que la producción de alimentos se debe regir por la oferta y demanda, y donde la pretendida autosuficiencia alimentaria es un tema que solo genera retroceso en la producción nacional de alimentos.

Una amenaza que está presente en el acontecer cotidiano y que se verá fortalecida con el próximo cambio de gobierno en el 2024. Por ello, hoy se hace necesario defender la agricultura campesina, la alimentación sana y suficiente para los mexicanos y mexicanas, un modelo productivo centrado en la soberanía alimentaria y nacional, la autosuficiencia alimentaria, y sobre todo, el reforzamiento del bienestar social como política pública vigente en el Estado Mexicano y donde el derecho a alimentarse de manera suficiente y con alimentos sanos sea una realidad, y donde los tratados comerciales sean el complemento de las políticas tomadas en el ámbito nacional y no la política en sí misma. •