En los próximos días, el Instituto Nacional Electoral (INE) formalizará la promoción de una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la determinación de la Cámara de Diputados de recortarle 4 mil 913 millones de pesos, recursos que estarían destinados a los eventuales ejercicios de revocación de mandato y consulta popular.

Sin embargo, el consejero Jaime Rivera sostuvo que, con independencia de que se reúnan las firmas, si el INE no cuenta con los recursos materiales para organizarla, no emitirá la convocatoria.

Aseveró que el instituto está comprometido a cumplir el mandato legal. No es el INE el que no quiera hacerlo; quiere hacerlo, pero no depende todo del instituto. Subrayó que un aspecto central para garantizar la imparcialidad y legalidad es la integración e instalación de las 162 mil casillas, para lo cual se requiere visitar 12 millones de ciudadanos y capacitar cinco por cada casilla. Sólo este proceso implicará una partida de al menos 2 mil 500 millones de pesos.

–¿Cuando sería el plazo necesario para la decisión de la Corte y determinar si pueden organizar la revocación?

–Esperamos que este año. Obviamente, el INE no podría emitir la convocatoria si no tiene condiciones para realizarla. Con los recursos no aprobados, no es posible organizarla.

Quien coordinó los trabajos de la comisión especial para la elaboración del proyecto del presupuesto del órgano electoral señaló que una vez promulgado, con su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el INE podría promover la controversia. No hay plazos, sino el cumplimiento de requisitos, pero Rivera estimó que será muy pronto la interposición de este recurso jurídico, con la finalidad de que el INE tenga claridad sobre los recursos con que contaría.

Enfatizó que el 4 de febrero deberá declarar si se cumplieron los requisitos de contar con el respaldo de 2.7 millones de ciudadanos, pero el INE podría encontrarse ante la imposibilidad material de organizarla sin los recursos necesarios.

En esta ocasión, subrayó Rivera, no hay un plan alternativo, como ocurrió con la consulta popular sobre el desempeño de los políticos del pasado, porque en la legislación sobre ese ejercicio no se establece un mínimo de casillas a instalar. En contraste, en la ley de revocación de mandato se ordena que sea el mismo número que la elección federal.