l reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro como representante legítimo de la República Bolivariana de Venezuela por la Asamblea General de las Naciones Unidas y las contradicciones emergentes dentro de los sectores más extremistas del antichavismo, exhiben el fracaso de las políticas de cambio de régimen de las pasadas administraciones Obama/Trump y obligaría a un cambio de ruta del gobierno de Joe Biden.

Si bien, en un principio, la estrategia de máxima presión a través de las acciones encubiertas de agencias de Estados Unidos dirigida a la recolección de inteligencia clandestina, contrainteligencia y propaganda, combinadas con la infiltración en partidos políticos, ONG y sectores policiales y militares, así como las medidas coercitivas unilaterales (bloqueo, sanciones) y el secuestro y robo de activos del Estado venezolano en el exterior para hacer gritar a la economía del país sudamericano, sumado a los sabotajes contra la infraestructura crítica/estratégica (sistema eléctrico nacional, refinerías), la deslegitimación de las instituciones utilizando al gobierno pelele de Juan Guaidó y el financiamiento de grupos irregulares (paramilitares, mercenarios, sicarios) para desestabilizar a Venezuela mediante una guerra no convencional, tuvo continuidad en lo que va del mandato de Biden, la realidad indica que esa modalidad se ha desgastado y no alcanzó el objetivo de derrocar al presidente constitucional Nicolás Maduro.

El 6 de diciembre, sólo 16 de los 193 países que participaron en la Asamblea General de la ONU se negaron a reconocer al gobierno de Maduro, en lo que fue calificado por el embajador venezolano ante el organismo, Samuel Moncada, de victoria del pueblo soberano contra las agresiones coloniales de Estados Unidos. Refiriéndose a Guaidó, quien impulsado por Donald Trump se autoproclamó presidente interino en una plaza de Caracas el 23 de enero de 2019, Moncada recordó que, ese año, el esclavo colonial creado por EU para saquear a Venezuela tuvo el apoyo de 60 países.

Como antecedente, el 25 de enero de 2021, tras la instalación de la Asamblea Nacional venezolana surgida de las elecciones legislativas del 6 de diciembre del año anterior, los 27 estados miembros de la Unión Europea (UE) desconocieron a Guaidó como presidente interino, degradando el estatus del ex diputado del ultraderechista partido Voluntad Popular al rango de interlocutor privilegiado.

A su vez, el canciller venezolano Félix Plasencia definió el reconocimiento de la ONU a Maduro como una bofetada contra la injerencia y la agresión imperialista. Añadió que fue un baño de realidad a quienes persisten en dar oxígeno a una fantasía política moribunda, con la intención de seguir beneficiándose de los activos robados al país.

Entre los principales activos secuestrados y hurtados al Estado venezolano por el gobierno interino de Guaidó −bajo los auspicios y con la complicidad de Washington y Gran Bretaña−, figuran la corporación petrolera Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) con sede en Houston, Texas; las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra, y la empresa petroquímica Monómeros, filial de Pequiven, con sede en Barranquilla, Colombia, de la que, con el aval de Guaidó, tomó control el gobierno uribista de Iván Duque. En total, más de 7 mil millones de dólares en recursos líquidos están congelados en bancos occidentales.

Tras el reconocimiento de la ONU a Maduro, la narrativa sobre el falso gobierno de Guaidó se debilitó aún más, a raíz de que uno de sus principales compinches en la aventura golpista continuada de 1999 a la fecha, Julio Borges, del partido Primero Justicia, se deslindó de él, pidiendo, tácitamente, una rotación de silla.

Desde Bogotá, Borges, quien se ostentaba como canciller del régimen fake de Guaidó, dijo que el gobierno interino era un instrumento para luchar contra la dictadura, pero se deformó hasta convertirse en una especie de fin en sí mismo, manejado por una casta. Se ha burocratizado y ya no cumple su función. No hay ruta, no hay unidad, no hay estrategia. Tiene que desaparecer. Acusó que el manejo de activos del Estado en el exterior “es un escándalo […], no hay rendición de cuentas y se utilizan para fines personales”.

En un intento por trasladar la culpa a una única figura como chivo expiatorio (Guaidó) y al Partido Voluntad Popular como administrador de los activos en el exterior, el lavado de manos de Borges había iniciado el 27 de septiembre pasado, cuando anunció que ya no formaba parte de los espacios que atendían esa política de corrupción y saqueo. Sin embargo, durante su periodo parlamentario, Borges fue el principal promotor de las sanciones y de la guerra económica, financiera y comercial del gobierno Trump contra Venezuela, apoyando al interinato en su cruzado por secuestrar ilegalmente las empresas y finanzas del Estado venezolano en el exterior. Participó, también, en los planes conspirativos y golpistas de los últimos años, incluyendo las fallidas Operación Gedeón y Fiesta de Caracas, donde estuvieron involucrados mercenarios, paramilitares colombianos y grupos del crimen organizado, y en el intento de magnicidio contra Maduro en 2018.

Enigmáticamente, Borges declaró que el gobierno proestadunidense de Guaidó va a desaparecer el 5 de enero de 2022. A menos que Biden cruce la línea roja que no traspasó Trump en el uso de la fuerza militar, podría dar a Guaidó cierto estatus político similar al de la UE, y continuar por otras vías la doctrina del poder inteligente (poder suave) combinada con el poder duro (la guerra no convencional) −es decir, más cerco, asfixia y acciones encubiertas−, para lo cual cuenta con dos experimentados antichavistas en su gabinete: Antony Blinken y Jacob Sullivan, secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional. Sin descartar una eventual hoja de ruta de distensión entre Caracas y Washington, abriendo posibles canales de diálogo indirecto entre Maduro y Biden a través de la reanudación de la mesa de negociaciones entre el Ejecutivo venezolano y la oposición en México, con los buenos oficios de algún gobierno amigo.